El Grupo Socialista agiliza la tramitación de leyes bloqueadas ante la presión de colectivos sociales

El Grupo Parlamentario Socialista ha iniciado el desbloqueo de diversas proposiciones de ley que permanecían estancadas en el Congreso de los Diputados. Esta maniobra parlamentaria responde a la creciente presión de diversos colectivos civiles, que aglutinan a más de un millón de afectados, y que recientemente han formalizado su organización para exigir el fin de las prórrogas sistemáticas en los plazos de enmiendas.

El primer avance tangible de este cambio de estrategia se materializó este jueves en el Pleno de la Cámara Baja. Los grupos parlamentarios aprobaron la Proposición de Ley Orgánica para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria, una medida que otorga el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. Esta iniciativa permanecía sin avances significativos desde el pasado mes de abril, lo que había generado malestar en el sector.

La reactivación del trabajo legislativo coincide con la creación del denominado Frente Cívico por la Calidad Democrática. Esta plataforma está integrada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), el colectivo de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), la Alianza para la Vuelta al IVA Reducido en Imagen Personal y la Asociación en Defensa Playas Norte Dénia. Estas entidades han remitido un escrito formal a la Mesa del Congreso denunciando un uso abusivo de los instrumentos organizativos de la Cámara.

En el plano jurídico, la decisión de agilizar los trámites también se ve influenciada por la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El órgano de garantías dio la razón al Partido Popular en una sentencia que señalaba la dilación indefinida de las iniciativas mediante la prórroga de enmiendas como un subterfugio contrario al derecho de participación política. Asimismo, los afectados por la talidomida ya han iniciado acciones ante el Tribunal Supremo por esta misma inactividad legislativa.

El escrito presentado por el Frente Cívico identifica cuatro iniciativas de alto impacto social que se encuentran actualmente paralizadas. Además de la reforma de la Ley de Costas y la protección de núcleos urbanos tradicionales, los colectivos reclaman la exención fiscal de las ayudas para los afectados por la talidomida y la aplicación del tipo de IVA reducido del 10% al sector de la peluquería y estética.

Las organizaciones demandantes han solicitado formalmente a la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar ostentan la mayoría, que se adopten criterios resolutivos para impedir prórrogas automáticas sin justificación objetiva. Exigen que cualquier futura ampliación de plazos incorpore en el acta razones organizativas estrictas que la motiven, en cumplimiento con los principios de transparencia y jerarquía normativa.

Finalmente, los colectivos han advertido de que esta iniciativa administrativa es el paso previo a la interposición de nuevos recursos legales y la exigencia de responsabilidades jurídicas. El Frente Cívico sostiene que el bloqueo fáctico de estas leyes vulnera el artículo 23 de la Constitución Española, relativo al derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.