La ciudadanía suiza rechaza en referéndum limitar la población nacional a diez millones
La ciudadanía de Suiza ha rechazado este domingo en referéndum la iniciativa popular denominada «No a una Suiza de diez millones», la cual buscaba establecer medidas restrictivas a la inmigración y al derecho de asilo para frenar el crecimiento demográfico del país. Según los primeros resultados oficiales, el 55 % de los votantes se opuso a la propuesta legislativa, que contaba con el respaldo único del partido Unión Democrática de Centro (UDC).
La propuesta rechazada planteaba la implementación de mecanismos automáticos de control migratorio en caso de que la población residente alcanzara los 9,5 millones de habitantes antes del año 2050. El objetivo principal era blindar el límite de los diez millones de personas mediante la renegociación de tratados internacionales y el endurecimiento de las condiciones de residencia, afectando directamente al flujo de trabajadores y solicitantes de asilo.
Suiza experimenta actualmente uno de los crecimientos demográficos más dinámicos de Europa Occidental, tras haber pasado de 7,3 millones de habitantes en 2002 a más de 9,1 millones en el presente ejercicio. Los registros estadísticos indican que el 80 % de este incremento se atribuye a la inmigración neta, en un contexto donde la tasa de fertilidad local se sitúa en 1,3 hijos por mujer y la población extranjera ya representa el 27 % del total nacional.
Durante la campaña, el eje del debate se centró en las consecuencias económicas y diplomáticas de la iniciativa. El bloque opositor, compuesto por la práctica totalidad de los partidos políticos, las organizaciones patronales y los sindicatos, advirtió que la medida pondría en peligro el Acuerdo de Libre Circulación de Personas con la Unión Europea. Este tratado es considerado vital para la economía helvética, ya que garantiza el acceso al mercado único y permite la contratación de mano de obra cualificada en sectores estratégicos.
Los detractores de la propuesta subrayaron la dependencia estructural de Suiza respecto a los trabajadores extranjeros en áreas como la sanidad, la construcción y la restauración. Argumentaron que una restricción drástica de la inmigración agravaría la escasez de talento y comprometería la viabilidad del tejido empresarial, así como la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales.
Por su parte, los promotores de la iniciativa —la formación populista UDC— justificaron la necesidad de la medida citando la presión creciente sobre el sector inmobiliario y las infraestructuras. El debate ha puesto de manifiesto la preocupación de parte de la sociedad por el elevado coste de los alquileres, que se encuentran entre los más caros de Europa, y la percepción de una saturación en los servicios de transporte y bienestar social debido al rápido aumento de la densidad poblacional.
Con este resultado, Suiza mantiene vigente su actual política de integración y sus compromisos bilaterales con la Unión Europea, aunque el resultado del referéndum deja abierta la discusión política sobre la gestión de la sostenibilidad demográfica y los desafíos derivados de la inmigración en los cantones más afectados por el crecimiento urbano.
