El Partido Popular ha formalizado su respaldo a una iniciativa internacional encabezada por la oposición venezolana para solicitar una misión urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Venezuela. El objetivo de esta ofensiva diplomática es investigar denuncias de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y fallecimientos bajo custodia estatal que, según los promotores de la medida, persisten en el país bajo la administración actual.
Representantes de la diáspora y activistas por los derechos civiles entregaron un documento técnico al presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, Juan José Matarí. El texto, firmado por familiares de detenidos políticos y miembros de la sociedad civil venezolana en España, reclama una visita «in loco» de la CIDH para verificar la situación en los centros de reclusión y garantizar entrevistas confidenciales con las víctimas y sus allegados.
La iniciativa se fundamenta, entre otros casos, en el fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas, quien murió bajo custodia estatal el 24 de julio de 2025. Según la documentación aportada, su familia no fue notificada del deceso hasta 287 días después. Los firmantes, representados por el abogado Tomás Arias —vinculado a la líder opositora María Corina Machado—, califican este episodio como una muestra de una «política de ocultamiento institucional» por parte del Estado venezolano.
Tras la recepción del documento, el senador Matarí reafirmó el compromiso del Senado de España con la oposición democrática de Venezuela. El parlamentario popular denunció la continuidad de prácticas de hostigamiento y represión, subrayando la necesidad de mantener la presión institucional para lograr la liberación de los presos políticos y el esclarecimiento de las muertes ocurridas en dependencias oficiales.
La petición entregada en la Cámara Alta insta a los grupos parlamentarios a adoptar medidas concretas, entre las que destacan la emisión de pronunciamientos públicos sobre casos de violaciones de derechos humanos y el acompañamiento diplomático a la diáspora. Los promotores sostienen que la verificación directa por parte de organismos internacionales es un requisito indispensable para cualquier proceso de normalización política y para garantizar futuras condiciones electorales legítimas.
Durante el encuentro en sede parlamentaria, los representantes venezolanos también analizaron el impacto de la ley de amnistía, a la que calificaron como un «fracaso» en sus objetivos de pacificación y justicia. Tomás Arias incidió en que la falta de garantías institucionales sigue siendo el principal obstáculo para el retorno de los exiliados y la estabilidad democrática del país.
En el ámbito de la política exterior española, el senador Matarí aprovechó la ocasión para reiterar las críticas de su formación hacia la gestión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El senador cuestionó los vínculos del exdirigente socialista con el Ejecutivo venezolano y recordó que los procedimientos judiciales en curso en España deberán determinar las responsabilidades correspondientes en relación con otros expedientes de cooperación bilateral.
Con esta acción, el Partido Popular busca consolidar un frente parlamentario que exija una investigación independiente e imparcial sobre los casos documentados, elevando la situación de los derechos humanos en Venezuela a la agenda prioritaria de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.
