Zapatero se acoge a su derecho a no declarar ante la Fiscalía y cuestiona la licitud de las pruebas en el ‘caso Plus Ultra’

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha optado por no responder a las preguntas de la fiscal anticorrupción, Elena Lorente, en su comparecencia ante la Audiencia Nacional. Esta maniobra procesal, dirigida por su defensa técnica, busca evitar la validación de las diligencias actuales y centrar el litigio en la presunta nulidad de las pruebas que originaron su imputación en el denominado ‘caso Plus Ultra’.

La estrategia jurídica, diseñada por el penalista Víctor Moreno Catena, se fundamenta en la impugnación del volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea Plus Ultra. La defensa sostiene que dicha extracción de datos, realizada por las autoridades de Estados Unidos en 2021, se ejecutó sin la preceptiva orden judicial, lo que invalidaría el contenido de los mensajes incriminatorios bajo la doctrina del «fruto del árbol envenenado».

En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción, el equipo legal de Zapatero ha solicitado al magistrado instructor, el juez Calama, que requiera de forma inmediata a la Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos toda la documentación relativa a la cadena de custodia. El objetivo es verificar si el trasvase de información hacia la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional cumplió con los estándares de integridad y licitud exigidos por la normativa española.

Por su parte, el magistrado instructor ha decidido no imponer medidas cautelares personales contra el expresidente por el momento. Según fuentes jurídicas, esta decisión responde a una voluntad de blindar la instrucción frente a posibles recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, garantizando que cada paso procesal esté motivado de forma exhaustiva para evitar acusaciones de vulneración de derechos fundamentales.

Pese al silencio del investigado, el juez instructor ha subrayado en sus últimas resoluciones que los indicios racionales de criminalidad permanecen intactos. El auto judicial destaca que la declaración de Zapatero no ha desvirtuado el «fumus boni iuris» o apariencia de buen derecho, que se apoya en tres ejes principales: la trazabilidad de transferencias bancarias vinculadas a fondos públicos concedidos a la aerolínea, el uso de sociedades pantalla y el material intervenido en registros previos.

La defensa insiste en que someterse al interrogatorio de la Fiscalía sin aclarar previamente el origen de las pruebas supondría aceptar un «vicio de indefensión». Por ello, han instado a la Audiencia Nacional a realizar una auditoría sobre las resoluciones administrativas o judiciales que ampararon la incautación del terminal en territorio estadounidense, trasladando el foco del debate del fondo de los hechos a las garantías del procedimiento.

Con este movimiento, la causa entra en una fase técnica donde la validez de la cooperación internacional entre España y Estados Unidos será determinante. Mientras la defensa busca el archivo mediante la nulidad probatoria, la instrucción prosigue analizando la documentación recabada el pasado 9 de noviembre para determinar el alcance de la presunta trama de favores políticos y económicos.