España registra más de 20.000 menores en centros de acogida ante el reto de su integración y emancipación

En la actualidad, el sistema de protección a la infancia en España tutela a más de 20.000 menores que residen en centros de acogida. A pesar de contar con la cobertura de necesidades básicas como alimentación, educación y atención profesional, estos niños y adolescentes enfrentan carencias estructurales en cuanto a referentes afectivos individuales y una transición compleja hacia la vida adulta al alcanzar la mayoría de edad.

Marta Cuesta, directora general de la Fundación Soñar Despierto, ha analizado la situación de este colectivo, subrayando que la estancia en estos centros es una medida de protección de la Administración ante la imposibilidad de las familias de origen de ejercer el cuidado adecuado. Aunque el entorno residencial garantiza la seguridad física, el modelo actual se basa en la convivencia colectiva y turnos profesionales, lo que dificulta el acompañamiento personalizado que requieren los menores tutelados.

Uno de los puntos críticos identificados por los expertos y las organizaciones sociales es el momento de la emancipación. A diferencia de la media nacional, donde la independencia familiar se sitúa cercana a los 30 años, los jóvenes bajo tutela estatal deben abandonar los recursos de protección de forma obligatoria al cumplir los 18 años. Esta situación les exige una autonomía financiera y habitacional inmediata, careciendo en muchos casos de la red de apoyo familiar necesaria para sostener este proceso.

Para mitigar este impacto, entidades como Soñar Despierto han desarrollado programas de apoyo que incluyen becas de formación y soluciones habitacionales. El proyecto «Un Techo para Soñar» destaca como una iniciativa de pisos de transición destinados a jóvenes extutelados, permitiéndoles finalizar sus estudios o consolidar su entrada en el mercado laboral. Estas herramientas buscan evitar que la mayoría de edad se convierta en un factor de exclusión social.

El papel del voluntariado se presenta como un pilar fundamental en la humanización del sistema. La movilización de personas que actúan como mentores, apoyo escolar o acompañantes en actividades extraescolares permite que el menor desarrolle un vínculo estable con una figura de referencia fuera del ámbito institucional. Según los datos de la fundación, este acompañamiento es clave para fortalecer la autoestima y el sentido de pertenencia de los menores.

En el plano institucional, el debate se centra también en la necesidad de agilizar los procesos de acogimiento familiar. Cuesta señala que la simplificación de los trámites burocráticos y una mayor sensibilización social facilitarían que más familias se ofrecieran como alternativa a la residencia en centros. De esta forma, se priorizaría un entorno de convivencia más cercano al modelo familiar convencional durante los años de formación del menor.

Finalmente, respecto a la gestión de menores extranjeros no acompañados, se aboga por un enfoque basado en la historia personal y la protección de los derechos de la infancia, evitando la politización de la gestión migratoria. El objetivo último de las políticas de protección, coinciden los actores sociales, debe ser garantizar la igualdad de oportunidades para que el origen o la situación de tutela no condicionen el desarrollo futuro de estos jóvenes.