Las asociaciones de víctimas alertan sobre la persistencia de actos de exaltación de ETA en el País Vasco
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha contabilizado un total de 374 actos de apoyo o exaltación de la banda terrorista ETA durante el pasado ejercicio, según los datos recogidos en su Informe de Radicalización de 2025. Los colectivos de víctimas expresan su preocupación ante una tendencia que califican de «actividad constante» y advierten de un posible incremento de estas manifestaciones ante la proximidad de los periodos festivos estivales y el horizonte de las elecciones generales previstas para 2027.
En el ámbito judicial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha manifestado recientemente su inquietud por el impacto de estos homenajes. Durante un juicio celebrado este lunes, el fiscal José Perals solicitó penas de entre dos años y dos años y nueve meses de prisión para 16 acusados de participar en un acto de bienvenida al etarra Ibai Aginaga en marzo de 2022. El representante del Ministerio Público argumentó que estas celebraciones buscan legitimar trayectorias criminales y advirtió sobre el riesgo de que estos actos actúen como una «chispa» que pudiera reavivar planteamientos violentos.
La tipología de los actos de apoyo ha experimentado una evolución técnica para eludir las consecuencias penales. Según señalan las asociaciones de víctimas, los tradicionales «ongi etorri» —homenajes públicos de bienvenida a presos excarcelados— han disminuido significativamente. En su lugar, han proliferado manifestaciones a favor de la amnistía, pintadas, pancartas y homenajes en entornos festivos populares. Esta mutación hacia actos con menor repercusión pública, pero de contenido similar, dificulta la persecución del delito de enaltecimiento del terrorismo al situarse en una línea jurídica más ambigua.
El Ministerio Público destacó en sus conclusiones que algunos de estos actos son impulsados por organizaciones como Jardun, Tinko o GEK. Estos colectivos se definen como disidentes de la línea oficial de la izquierda abertzale y reivindican abiertamente la vigencia de la denominada «lucha armada». En el caso específico juzgado en la Audiencia Nacional, se subrayó que el homenajeado instó en publicaciones posteriores a recuperar estrategias de confrontación, lo que refuerza la tesis fiscal sobre la peligrosidad de estos foros de radicalización.
Ante esta situación, Covite y otras entidades del sector han instado al Gobierno vasco a implementar un régimen sancionador administrativo que permita actuar contra los actos que supongan un desprecio o humillación a las víctimas, más allá de su recorrido en la vía penal. No obstante, las asociaciones denuncian una falta de voluntad política para desarrollar estas herramientas legales que frenarían la exhibición pública de apoyo a miembros de la banda terrorista en el espacio público.
Finalmente, los analistas de las asociaciones de víctimas subrayan el riesgo de transmisión generacional. Advierten de que la legitimación de los crímenes cometidos por ETA en espacios festivos y públicos traslada a la juventud una percepción distorsionada de la violencia terrorista como un camino legítimo para alcanzar fines políticos, lo que supone, a su juicio, un riesgo latente para la convivencia y la seguridad futura en la región.
