Prosegur reestructura su filial de criptoactivos para cumplir con el reglamento MiCA tras el mandato del caso Zapatero
La compañía Prosegur ha completado la reestructuración de su filial de custodia de activos digitales, Prosegur Custodia de Activos Digitales, con el objetivo de ajustarse a las exigencias del nuevo Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea. Esta adecuación legal, financiera y estructural se produce tras la orden judicial emitida en el marco del denominado «caso Zapatero», que designa a la firma de seguridad como el proveedor encargado de la incautación y el blindaje de los activos digitales vinculados a la investigación.
Según consta en el Registro Mercantil con fecha de junio de 2024, la empresa ha modificado su objeto social para transformarse formalmente en un proveedor de servicios de criptoactivos homologado bajo la normativa comunitaria. Este movimiento responde a la petición del magistrado instructor, quien ha solicitado la intervención de cuantos efectos, documentos, dinero y criptomonedas guarden relación con los hechos investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, citando expresamente a Prosegur para la prestación de este servicio de custodia.
Para respaldar la gestión de los activos incautados y cumplir con las garantías financieras que exige el regulador europeo, la firma ha acometido una ampliación de capital hasta alcanzar los 300.000 euros. Asimismo, Prosegur ha profesionalizado su gobernanza mediante la sustitución del administrador único por un Consejo de Administración, órgano que será responsable de supervisar el funcionamiento del denominado «criptobúnker» y los servicios asociados de protección de activos digitales.
Hasta el momento, la división Prosegur Crypto operaba bajo el registro de proveedores del Banco de España, el estándar nacional vigente hasta la plena implementación de MiCA. El nuevo marco jurídico de la Unión Europea impone niveles mínimos de fondos propios y directrices de administración más estrictas para los custodios de criptoactivos. Con esta reestructuración, la compañía acelera su adaptación para operar como una entidad homologada capaz de ofrecer solvencia técnica y jurídica en casos de alto perfil judicial.
La infraestructura de custodia de la entidad se basa en el uso de «criptobúnkeres» ubicados en Madrid, São Paulo y Buenos Aires. Estas instalaciones combinan seguridad física, como vigilancia armada y control biométrico, con protocolos tecnológicos avanzados como el «air gap» (aislamiento total de internet) y el confinamiento de sistemas en jaulas de Faraday para evitar ataques remotos o electromagnéticos.
Finalmente, la seguridad de las claves privadas se gestiona mediante tecnología de computación multipartita (MPC). Este sistema permite que las contraseñas digitales se fragmenten y se distribuyan geográficamente en diferentes bóvedas alrededor del mundo. De este modo, la ejecución de cualquier transacción requiere la intervención coordinada de varios profesionales autorizados y el uso de módulos de seguridad con certificación militar, garantizando la integridad de los activos bajo custodia judicial.
