Junts se suma a la estrategia del PP y recurrirá ante el Tribunal Constitucional el veto del Congreso al adelanto electoral
La formación independentista Junts per Catalunya ha anunciado que seguirá la vía jurídica iniciada por el Partido Popular y presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de vetar su enmienda para solicitar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Esta maniobra técnica unifica la respuesta de la oposición y de los socios parlamentarios ante lo que consideran una vulneración de los derechos de debate en la Cámara Baja.
El conflicto parlamentario se originó tras el bloqueo ejecutado por la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso, que impidió la tramitación de una iniciativa que instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un adelanto electoral. Fuentes de Junts han confirmado que, además del recurso ante el tribunal de garantías, el grupo parlamentario enmendará en el mismo sentido la moción que el Grupo Popular someterá a votación en el Pleno del Senado la próxima semana, previsiblemente el miércoles.
Desde la formación nacionalista defienden que, si bien la potestad de convocar comicios es exclusiva del jefe del Ejecutivo, el derecho a debatir sobre dicha posibilidad es una cuestión de calado democrático que no debería ser cercenada por el órgano de gobierno de la Cámara. Según argumentan, la Mesa ha excedido sus funciones de calificación técnica para entrar en valoraciones políticas que limitan la libertad de expresión y de iniciativa de los grupos parlamentarios.
La ofensiva coordinada en las dos cámaras legislativas busca visualizar el descontento parlamentario con el actual bloqueo de la legislatura. El recurso ante el Tribunal Constitucional se apoya en precedentes recientes donde el órgano jurisdiccional ha corregido decisiones de la Mesa del Congreso. En concreto, los recurrentes confían en la jurisprudencia establecida tras las denuncias contra las prórrogas indefinidas de los plazos de enmiendas, una práctica que el tribunal ya ha cuestionado en el pasado.
Paralelamente, el texto que el Partido Popular ha registrado en el Senado, y que contará con el apoyo de Junts a través de enmiendas, plantea una censura explícita a la gestión del Ejecutivo. La iniciativa denuncia la ausencia de un Debate sobre el Estado de la Nación y la falta de aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado, lo que definen como una «anomalía democrática». Asimismo, la moción vincula la necesidad de disolución de las Cortes a las investigaciones judiciales abiertas por presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del Partido Socialista.
Con este movimiento, la mayoría absoluta del PP en el Senado, sumada al posicionamiento estratégico de Junts, forzará un pronunciamiento de las Cortes Generales sobre la continuidad de la legislatura. Aunque la iniciativa en la Cámara Alta carece de vinculación jurídica para obligar al presidente al adelanto electoral, la acción conjunta en el Tribunal Constitucional abre un nuevo frente de incertidumbre legal sobre la actuación de la presidencia de Francina Armengol y la mayoría gubernamental en la Mesa del Congreso.
