Cuba ratifica un paquete de 176 reformas para transformar su modelo económico
El Gobierno de Cuba ha oficializado en un plazo de siete días el mayor conjunto de reformas económicas de los últimos quince años. El paquete, compuesto por 176 medidas, fue presentado por el presidente Miguel Díaz-Canel, respaldado por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y ratificado finalmente por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Estas disposiciones buscan descentralizar el sistema estatista y enfrentar la severa parálisis financiera y energética que atraviesa la isla.
Durante su intervención ante el órgano legislativo, el mandatario Díaz-Canel calificó la coyuntura actual como la más difícil del presente siglo, subrayando la necesidad de transformar el modelo económico para garantizar la sostenibilidad del país. El plan contempla una apertura hacia nuevos actores en el sector turístico, el fomento de la inversión extranjera directa —con especial énfasis en la participación de cubanos no residentes— y una ampliación del rol del sector privado en la economía nacional.
Entre las reformas de mayor calado técnico destaca la reestructuración del sistema monetario, que actualmente convive con múltiples tipos de cambio y una tasa informal dominante. Asimismo, el Ejecutivo prevé modificar el sistema de bienestar social, transitando de un modelo de subsidios universales a productos básicos hacia un esquema de subsidios focalizados en personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. El primer ministro, Manuel Marrero, defendió ante la ANPP que estos cambios estratégicos no pervierten el sistema socialista, sino que son fundamentales para su preservación.
El anuncio se produce en un escenario de alta presión interna y externa. El deterioro de los servicios básicos, la escasez de combustible y los prolongados cortes eléctricos han impactado la calidad de vida de la población, generando protestas puntuales en diversas localidades. A nivel internacional, la Administración de Estados Unidos ha intensificado las sanciones y el bloqueo al suministro de crudo, lo que ha provocado una desbandada de empresas internacionales y ha limitado el margen de maniobra de las finanzas públicas cubanas.
A pesar de las demandas de Washington para introducir cambios en el sistema político, Díaz-Canel sostuvo que este proceso de reforma es un ejercicio de soberanía y no una reacción a las presiones externas. Sin embargo, el presidente reiteró la disposición de La Habana para entablar una relación civilizada y un diálogo respetuoso con las autoridades estadounidenses. Para dar continuidad a este proceso, el Gobierno ha conformado un grupo de expertos, incluyendo voces críticas y economistas no oficialistas, con el objetivo de diseñar nuevas medidas que profundicen la autonomía de las empresas estatales y los municipios.
