El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el alcalde de la localidad, José María García Urbano, por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La resolución judicial responde a las solicitudes presentadas tanto por el Ministerio Fiscal como por las acusaciones particulares, entre ellas la representación del PSOE, en relación con la contratación de una trabajadora municipal durante un periodo de 46 días en el año 2023.
La Fiscalía de Málaga ha solicitado para el regidor una pena de un año y once meses de prisión, así como la inhabilitación para empleo o cargo público durante cinco años y once meses. El escrito de acusación sostiene que la contratación se realizó bajo la modalidad de personal eventual mediante un decreto de Alcaldía el 13 de febrero de 2023, cesando la actividad el 31 de marzo del mismo año. Según el ministerio público, la persona contratada no habría desempeñado funciones laborales efectivas a pesar de percibir las retribuciones correspondientes.
El perjuicio económico para el patrimonio municipal se ha cifrado en 5.276 euros en concepto de salarios y 2.589 euros por gastos de cotización a la Seguridad Social. No obstante, el auto judicial recoge que el acusado procedió a ingresar el importe íntegro de estas cantidades en la Tesorería Municipal entre noviembre de 2023 y junio de 2024, una vez iniciado el procedimiento judicial, con el objetivo de resarcir el gasto generado a las arcas públicas.
En el ámbito de las acusaciones particulares, el PSOE eleva la petición de condena para García Urbano hasta los cinco años y medio de cárcel y diez años de inhabilitación. La acusación también se dirige contra la mujer contratada, para quien el fiscal solicita cuatro años y medio de prisión, mientras que la representación socialista reduce su petición para ella a dos años de privación de libertad. El juez instructor ha declarado a la Audiencia Provincial de Málaga como el órgano competente para la celebración de la vista oral.
Por su parte, el alcalde de Estepona ha manifestado su plena confianza en la administración de justicia y su voluntad de que el proceso se resuelva a la mayor brevedad. La defensa del regidor sostiene que existen informes del departamento de Recursos Humanos y testimonios que acreditan que la trabajadora cumplió con las funciones propias de su puesto y asistió regularmente al Ayuntamiento. Según los letrados del primer edil, la instrucción cuenta con diligencias que corroboran la prestación efectiva del servicio.
Finalmente, la representación legal de García Urbano ha vinculado el origen de esta causa con una estrategia de desgaste político. Han recordado que el procedimiento se sustenta en manifestaciones de una persona cuyas denuncias previas contra el alcalde ya fueron archivadas de forma firme por la Audiencia Provincial de Málaga. La defensa insiste en que las pruebas aportadas durante la fase de instrucción demuestran la falta de consistencia de las acusaciones formuladas en este caso.
