Líderes europeos cuestionan ante Sánchez la regularización extraordinaria de inmigrantes en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afrontó este jueves las críticas de diversos mandatarios de la Unión Europea debido a la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por España. Durante el desarrollo del Consejo Europeo en Bruselas, líderes de distintas familias políticas expresaron su preocupación por el posible impacto de esta medida en el resto de los socios comunitarios, cuestionando la falta de consultas previas ante una decisión de tal calado nacional con implicaciones transfronterizas.

El debate, desarrollado a puerta cerrada, se tensó tras la intervención de Sánchez, quien manifestó su firme rechazo a la propuesta de endurecer la política de asilo mediante la creación de centros de deportación en terceros países. En respuesta, entre tres y cuatro jefes de Estado y de Gobierno tomaron la palabra para reprochar al Ejecutivo español la puesta en marcha de un proceso que podría fomentar «movimientos secundarios» de personas regularizadas hacia otros Estados miembros del espacio común.

Entre las voces críticas destacaron la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el jefe del Gobierno belga, Bart de Wever; y la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen. Según informaron fuentes diplomáticas, uno de los mandatarios advirtió explícitamente que la regularización de aproximadamente 500.000 personas en territorio español se traduce, de facto, en la incorporación de medio millón de inmigrantes adicionales al conjunto de la Unión Europea.

Por su parte, el presidente español defendió la soberanía nacional en materia de regularización y subrayó que el modelo de su Gobierno promueve una Europa abierta donde la migración contribuye al crecimiento económico. Sánchez argumentó que una parte significativa de los beneficiarios de esta medida son ciudadanos de origen latinoamericano con arraigo cultural y lingüístico, lo que, a su juicio, reduce las probabilidades de que busquen trasladarse a otros países de la Unión.

En el marco de esta sesión, que incluyó la recepción a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el jefe del Ejecutivo reafirmó que España aplica íntegramente el Pacto de Migración y Asilo, así como el Reglamento de Dublín. No obstante, mantuvo su oposición frontal a la externalización de la gestión migratoria en centros ubicados fuera de las fronteras de la UE, una medida que otros socios consideran clave para consolidar la política de retornos.

Tras la cumbre, Pedro Sánchez compareció en rueda de prensa para rebajar la intensidad de lo que calificó como un «intercambio de opiniones necesario». El presidente defendió que la política migratoria española cuenta con el respaldo de sectores diversos como la patronal y la Iglesia católica, instando incluso a sus homólogos críticos a que «hablen con el Vaticano» para comprender la dimensión humanitaria y social de la postura adoptada por Madrid.

La controversia se alinea con las advertencias previas del comisario de Interior, Magnus Brunner, quien recordó que las decisiones migratorias de cada Estado miembro deben garantizar que no existan consecuencias negativas para el resto de la Unión. La Comisión Europea ha reiterado que, en caso de desplazamiento de inmigrantes regularizados a otros países, el Estado que otorgó el permiso debe hacerse cargo de su retorno.