El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte ante las críticas de Moncloa
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, e impone medidas cautelares restrictivas. La resolución establece la retirada inmediata del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado de manera quincenal. La decisión ha generado una reacción crítica desde el Palacio de la Moncloa, donde califican la instrucción de desproporcionada.
En el auto difundido este sábado, el magistrado justifica la adopción de estas medidas para asegurar la disponibilidad de la investigada ante la justicia. La decisión de elevar la causa a juicio y restringir la movilidad de Gómez supone un avance significativo en el procedimiento judicial, tras meses de diligencias preliminares. El juzgado busca con estas cautelares evitar cualquier riesgo de incomparecencia durante las próximas etapas del proceso.
Fuentes del Gobierno han manifestado a la agencia EFE su profundo desacuerdo con la resolución, calificándola de «persecución» y asegurando que la instrucción «carece de todo sentido jurídico». Según estas fuentes, la actuación del juez Peinado responde a «motivos políticos» más que a criterios estrictamente legales. Desde el Ejecutivo se subraya que las medidas impuestas son innecesarias dada la notoriedad pública y el arraigo de la investigada.
Un aspecto central del malestar en el Palacio de la Moncloa reside en las menciones del magistrado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En su escrito, el juez Peinado advierte sobre la posibilidad de que los agentes encargados de la escolta de Begoña Gómez pudieran «colaborar en la acción o acciones que se llevan a cabo para facilitar esa fuga», ya sea por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores. El Ejecutivo considera estas palabras un «despropósito» que cuestiona la profesionalidad de la Policía Nacional.
Para sustentar la tesis de la desproporcionalidad, las fuentes gubernamentales consultadas comparan este escenario con el criterio seguido por otros magistrados de la Audiencia Nacional. En concreto, citan el proceder del juez Calama en la causa Plus Ultra, quien rechazó imponer medidas restrictivas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En aquella ocasión, el magistrado consideró que, dada su «pública notoriedad», la retirada del pasaporte resultaba una restricción injustificada de la libertad personal.
Con este nuevo movimiento judicial, el caso entra en una fase determinante. Mientras el juzgado blinda la presencia de la acusada mediante el control fronterizo y judicial, el entorno del presidente del Gobierno insiste en la falta de base jurídica de las acusaciones, manteniendo el pulso institucional frente a la dirección de la instrucción llevada a cabo por el magistrado Peinado.
