El PSOE califica de «escándalo democrático» la apertura de juicio contra Begoña Gómez

La dirección del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha reaccionado este sábado con dureza tras conocerse la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de abrir juicio oral contra Begoña Gómez y proceder a la retirada de su pasaporte. La formación ha reafirmado la inocencia de la esposa del presidente del Gobierno y ha denunciado lo que considera una «persecución judicial y política» que se prolonga desde hace dos años.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el partido ha señalado que las últimas medidas adoptadas por el magistrado representan «un paso más» en un proceso que califican de insostenible. «Begoña Gómez es inocente. Lo de hoy es un escándalo democrático», ha manifestado la organización, vinculando la decisión judicial con una estrategia de desgaste hacia la figura del jefe del Ejecutivo.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se ha sumado a las críticas definiendo la resolución del juez Peinado como «desmedida y desproporcionada». Según Torró, el procedimiento ha derivado en un «juicio político» que vulnera la presunción de inocencia de la investigada. En la misma línea, la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Montse Mínguez, ha tildado la situación de «delirante, obsesiva y vergonzosa».

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha puesto el foco en los argumentos esgrimidos en el auto judicial para justificar las medidas cautelares. Puente ha denunciado que el escrito llega a sugerir que los efectivos policiales destinados a la custodia de Gómez podrían facilitar su salida del país. «Se afirma que puede ser la propia policía que la custodia la que le ayude a fugarse», ha criticado el ministro, cuestionando el aval de la Audiencia Provincial de Madrid y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a tales razonamientos.

El avance del procedimiento hacia la fase de juicio oral, acompañado de la retirada del pasaporte como medida de arraigo, marca un nuevo hito en la instrucción del caso. Desde el entorno gubernamental y la sede de Ferraz mantienen que no existen indicios de delito y que la causa se enmarca en una ofensiva de carácter extrjudicial.