Jupol defiende la integridad de la escolta de Presidencia ante las sospechas de facilitación de fuga en el caso de Begoña Gómez
El sindicato policial Jupol ha calificado este sábado como una «auténtica barbaridad» la sugerencia de que los agentes encargados de la seguridad de la Presidencia del Gobierno podrían colaborar en una hipotética fuga de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta reacción institucional surge tras el auto dictado por el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en el que se acuerda la apertura de juicio oral y la imposición de medidas cautelares sobre la investigada.
A través de un comunicado oficial difundido en sus canales de comunicación, la organización sindical ha defendido la profesionalidad de los efectivos de la Policía Nacional que integran el servicio de escolta. Según Jupol, estos profesionales desempeñan sus funciones bajo los principios de «absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente», limitándose exclusivamente a garantizar la protección y seguridad de las autoridades asignadas.
El conflicto surge a raíz de los argumentos empleados por el juez Peinado en su resolución de 84 páginas. El magistrado ha manifestado que «no cabe duda» de que los agentes destinados a la seguridad de Gómez podrían, en un momento determinado y por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores, facilitar su salida del país. Esta afirmación ha sido recibida por el sindicato como un «injustificado descrédito» hacia servidores públicos, exigiendo una rectificación inmediata ante lo que consideran una sospecha sin fundamento legal.
La defensa de Begoña Gómez había argumentado previamente que el riesgo de fuga era inexistente, precisamente debido a que su condición de esposa del jefe del Ejecutivo conlleva el acompañamiento permanente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No obstante, el criterio del instructor ha prevalecido al decretar la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte tanto para Gómez como para su asesora, Cristina Álvarez.
El auto judicial también establece la obligación de comparecer quincenalmente ante la sede judicial para firmar y confirma el envío a juicio del empresario Juan Carlos Barrabés. El procedimiento investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en una causa que mantiene el foco sobre las actividades profesionales de la esposa del presidente y su entorno cercano.
Desde el ámbito policial, Jupol ha insistido en que poner en duda la lealtad constitucional de los agentes asignados a Presidencia supone un ataque a la trayectoria de unos profesionales que actúan siempre bajo el mandato de las resoluciones judiciales. El sindicato ha reiterado que el respeto a las instituciones y a la ley preside la actuación de la escolta, descartando cualquier escenario de colaboración en actividades ilícitas.
