Bruselas contempla posibles sanciones si se acreditan irregularidades en la investigación de Adamuz

La Comisión Europea ha dejado abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción contra España en relación con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero y que resultó en el fallecimiento de 46 personas. Esta postura se produce supeditada a que se acrediten vulneraciones efectivas de la normativa comunitaria aplicable durante el proceso de instrucción técnica del siniestro.

La posición del Ejecutivo comunitario se ha dado a conocer a través de una respuesta oficial al eurodiputado del Partido Popular, Borja Giménez Larraz. El parlamentario solicitó aclaraciones sobre la preservación de las pruebas en el lugar del accidente y la posible retirada de elementos de la infraestructura antes de que finalizaran las inspecciones pertinentes, extremo que ha sido señalado en diversas comparecencias judiciales.

En su escrito, la Comisión subraya que la legislación nacional debe garantizar que las investigaciones de accidentes ferroviarios se ejecuten de manera independiente, eficiente y en el plazo más breve posible. Asimismo, Bruselas incide en que los organismos encargados de estas pesquisas deben ser autónomos respecto a cualquier parte cuyos intereses puedan entrar en conflicto con el mandato de objetividad que les ha sido conferido.

La institución europea recuerda que la Directiva (UE) 2016/798 establece garantías específicas para los investigadores, destacando su derecho de acceso a cualquier información pertinente para el esclarecimiento de los hechos. No obstante, la Comisión ha precisado que, hasta la fecha, no ha recibido pruebas del organismo de investigación español que sugieran una falta de independencia o una vulneración de los derechos de los investigadores.

Pese a esta ausencia inicial de evidencias, el Ejecutivo de la Unión advierte de que mantiene intactas sus competencias como garante de los Tratados. En este sentido, la Comisión ha manifestado que puede incoar un procedimiento de infracción en el caso de que se presenten pruebas sólidas que demuestren un incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en la gestión del expediente de Adamuz.

Por su parte, desde el Partido Popular se ha valorado que la respuesta de Bruselas mantiene la vigilancia sobre el caso. El eurodiputado Giménez Larraz ha señalado la importancia de esclarecer las actuaciones realizadas en las horas posteriores al siniestro, centrándose en quién autorizó la manipulación del terreno y si se respetaron las garantías exigidas por la normativa europea para asegurar una investigación técnica independiente.

Corresponde ahora a las autoridades y tribunales nacionales velar por que los procedimientos de investigación sean adecuados, mientras la Comisión Europea permanece a la espera de nuevos elementos que puedan motivar su intervención directa en el proceso.