El SUP traslada una queja al CGPJ e Interior por las valoraciones del juez Peinado sobre la escolta policial
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha remitido de manera formal una queja dirigida al Ministerio del Interior y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras las consideraciones vertidas por el magistrado Juan Carlos Peinado en el reciente auto judicial relativo a Begoña Gómez. La organización sindical califica de «profundamente injusto» que el instructor proyecte dudas sobre la imparcialidad y el desempeño de los funcionarios policiales asignados a las labores de seguridad y escolta.
El malestar en el seno de la Policía Nacional surge a raíz del contenido del auto que envía a juicio a la esposa del presidente del Gobierno, en el cual el juez Peinado sugirió que los miembros de la escolta podrían, eventualmente, colaborar en una hipotética sustracción a la acción de la justicia. Para el SUP, esta afirmación compromete de forma innecesaria el prestigio y la credibilidad de una unidad caracterizada por su alta especialización y rigor profesional dentro del cuerpo.
La queja fue remitida durante la noche del sábado tanto a la Dirección General de la Policía como al órgano de gobierno de los jueces. Esta acción coincide con la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente del CGPJ, programada para este domingo, con el fin de analizar el escenario procesal tras las quejas formuladas previamente en una línea similar por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Desde la organización sindical han subrayado que su protesta no pretende cuestionar el fondo de la resolución judicial ni las medidas cautelares adoptadas por el magistrado Peinado en el ejercicio de sus funciones. El objetivo de la comunicación es estrictamente institucional: preservar la confianza pública en la Policía Nacional como institución esencial para el funcionamiento del Estado de derecho, desvinculando esta postura de cualquier motivación de carácter político.
En su comunicado, el SUP resalta que la coincidencia de preocupaciones en distintos ámbitos institucionales pone de manifiesto que no se trata de una reivindicación meramente corporativa. El sindicato defiende que los escoltas constituyen uno de los colectivos de mayor exigencia dentro de la institución y que las sospechas vertidas en el auto carecen de justificación técnica, afectando a la imagen de los funcionarios que velan por la seguridad de las altas instituciones del Estado.
La resolución de esta controversia queda ahora supeditada a la valoración que realice el CGPJ en su sesión de urgencia, donde se determinará si las expresiones contenidas en el auto judicial exceden el ámbito de la motivación jurídica para entrar en el terreno de la descalificación profesional de los servidores públicos.
