Iustitia Europa denuncia presiones del Ejecutivo ante la posible apertura de un expediente al juez Peinado
La formación política Iustitia Europa, que ejerce como acusación en el procedimiento instruido por el magistrado Juan Carlos Peinado, ha manifestado este domingo su «más enérgica oposición» ante la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inicie un expediente disciplinario contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La organización califica esta eventual medida como una campaña de presión del Poder Ejecutivo que pone en riesgo la independencia judicial.
El posicionamiento de la formación se produce tras la controversia suscitada por el reciente auto del magistrado, en el que acordó la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En dicha resolución, el juez Peinado aludió a la posibilidad de que la propia escolta policial de la investigada pudiera facilitar una salida de España. Estas afirmaciones derivaron en una petición formal del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que el órgano de gobierno de los jueces examine la actuación del instructor.
Desde Iustitia Europa se sostiene que la mera posibilidad de que la Comisión Permanente del CGPJ acuerde este lunes la incoación de diligencias informativas constituye un motivo de «profunda preocupación». Según la nota de prensa emitida por la organización, cualquier actuación disciplinaria fundamentada en el contenido de resoluciones judiciales supondría una «grave injerencia», dado que el CGPJ carece de competencias para revisar o censurar decisiones que aún se encuentran sometidas al sistema ordinario de recursos.
La formación fundamenta su postura legal en el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prohíbe a cualquier órgano, incluido el CGPJ, dictar instrucciones o indicaciones sobre la aplicación del ordenamiento jurídico a los jueces. En este sentido, la plataforma recuerda que la valoración de las pruebas y la interpretación de las normas forman parte de la función jurisdiccional exclusiva, y cualquier discrepancia técnica debe resolverse ante las instancias judiciales superiores y no por vía administrativa o disciplinaria.
Asimismo, Iustitia Europa ha invocado el principio de prejudicialidad penal, argumentando que la existencia de procedimientos judiciales en marcha obliga a actuar con cautela para evitar interferencias en el desarrollo de la instrucción. Para la acusación, el uso de mecanismos disciplinarios en este contexto podría interpretarse como una herramienta de coacción frente a la labor de los tribunales.
Finalmente, el comunicado recoge las declaraciones de la presidencia de la formación, que define el escenario actual como un «asalto al núcleo de la independencia judicial». Según la organización, el objetivo de estas peticiones gubernamentales es trasladar un mensaje de advertencia a aquellos magistrados que instruyan causas que afecten a la cúpula política del país, lo que consideran una vulneración de los principios básicos del Estado de derecho.
