El empresario Manuel Aarón Fajardo García se acoge a su derecho a no declarar en la comisión del Senado sobre la SEPI
El empresario Manuel Aarón Fajardo García, vinculado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se ha acogido este lunes a su derecho constitucional a no declarar durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado. La sesión parlamentaria tiene como objeto analizar las posibles deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con especial atención a las actividades empresariales y políticas relacionadas con el entorno del exjefe del Ejecutivo en Venezuela.
Al inicio de su intervención, Fajardo García, quien ejerce como responsable de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVV), comunicó formalmente a los miembros de la comisión su decisión de no contestar a los interrogatorios de los grupos parlamentarios. No obstante, el compareciente quiso precisar que su silencio no debe interpretarse como una admisión de los hechos objeto de la investigación, manifestando ante la Cámara Alta que «el que calla no otorga».
A pesar de la negativa a declarar, el procedimiento parlamentario continuó con los turnos de palabra de los distintos portavoces. Los senadores formularon una serie de cuestiones centradas en el presunto papel de Fajardo García como interlocutor o representante de Rodríguez Zapatero en territorio venezolano. Asimismo, las preguntas abordaron su posible mediación en la búsqueda de alianzas económicas, societarias y contractuales que pudieran haber favorecido intereses vinculados al Gobierno español en el país latinoamericano.
Esta comparecencia se produce en un contexto de intensa actividad judicial y parlamentaria. Hace apenas una semana, el propio José Luis Rodríguez Zapatero declaró como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. En aquella sede, el expresidente negó haber ejercido cualquier tipo de influencia ante el Ejecutivo para la aprobación de la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la compañía durante la crisis sanitaria de la Covid-19.
La comisión de investigación del Senado mantiene su foco sobre las operaciones de la SEPI y los vínculos de diversos actores económicos con la administración pública. Los grupos parlamentarios han manifestado su interés en esclarecer el alcance de las actividades de Fajardo García y su relación con diversas sociedades y operaciones financieras que forman parte del objeto de estudio de la Cámara, con el fin de determinar posibles responsabilidades políticas en la gestión de los fondos públicos y las relaciones internacionales.
