El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha procedido a la recolocación en sus servicios centrales de Madrid de Vicente Moreno, quien hasta el pasado mes de abril ejercía como número dos del Consulado General de España en Argel. Moreno se encuentra actualmente bajo investigación de la Audiencia Nacional por liderar presuntamente una red criminal dedicada a la expedición fraudulenta de visados a cambio de comisiones económicas.
El funcionario ha sido asignado a la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales, la unidad técnica encargada de la gestión de los más de 500 inmuebles oficiales que el departamento dirigido por José Manuel Albares posee en el extranjero. Esta unidad cuenta actualmente con una dotación presupuestaria de 13,5 millones de euros anuales y atraviesa una situación de déficit de personal, con apenas 19 de sus 47 plazas cubiertas.
La situación administrativa de Moreno se produce mientras la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres, María Tardón, mantiene abierta una causa en la que se le imputan cinco delitos: organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documento oficial, cohecho y fraude en la expedición de visados. En el marco de la denominada Operación Jazira-Cova, la magistrada impuso al investigado medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y comparecencias quincenales ante las autoridades.
Fuentes diplomáticas han señalado que la capacidad de actuación del Ministerio es limitada desde el punto de vista administrativo, dado que el funcionario se encuentra en libertad y la causa permanece bajo secreto de sumario. Según la normativa vigente, la suspensión de funciones requiere de una sentencia de inhabilitación o de un auto de prisión provisional. Por su parte, la Oficina de Información Diplomática (OID) ha evitado pronunciarse sobre situaciones individuales, limitándose a afirmar que las adscripciones se realizan conforme a las necesidades del servicio.
La investigación policial, en la que han participado la UDEF, la UCRIF y Vigilancia Aduanera, apunta a que la red blanqueaba los beneficios obtenidos mediante la compra de vehículos en España. Durante los registros realizados en las localidades de Sagunto y Torrevieja, los agentes intervinieron dinero en efectivo, dispositivos informáticos y solicitaron el bloqueo de activos financieros e inmobiliarios vinculados a la trama.
El Consulado en Argel ha sido objeto de diversas inspecciones internas en el último año tras detectarse posibles irregularidades en la gestión de expedientes. Entre los indicios manejados por los investigadores se encuentran documentos con firmas suplantadas y denegaciones de visados firmadas en nombre de cónsules que ya habían cesado en sus puestos o que no se encontraban físicamente en la legación en las fechas de rúbrica.
El caso ha generado preocupación en el seno del cuerpo diplomático por el impacto en la reputación institucional de la red consular en el Magreb. Pese a que fuentes internas sugieren que Moreno podría haber sido destinado a un puesto sin atribuciones ejecutivas, Exteriores ha optado por su integración en el área de Patrimonio, una de las subdirecciones con mayor carga de gestión administrativa del ministerio.
