La Fiscalía de Burgos archiva la investigación sobre los contratos municipales con la empresa de Borja Suárez

La Fiscalía de Burgos ha dictado el archivo de las diligencias de investigación relativas a los contratos suscritos por el Ayuntamiento de Burgos con la sociedad Eventos El Espino SL. La resolución del Ministerio Público, fechada el pasado 24 de junio, concluye que los hechos analizados «no revisten carácter penal», despejando así las sospechas de irregularidades delictivas en las adjudicaciones vinculadas al actual concejal y presidente de la Diputación Provincial, Borja Suárez.

El decreto emitido por la Fiscalía especifica que, tras una exhaustiva revisión de la documentación remitida por el propio consistorio y de las diligencias practicadas, no se aprecian indicios de los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos ni tráfico de influencias. Estos tipos penales formaban parte de la denuncia anónima interpuesta el pasado 1 de abril, que motivó la apertura de la investigación sobre la relación contractual entre la administración local y la firma de la que Suárez posee un 33% de las acciones.

El caso cobró relevancia pública tras conocerse que el Ministerio Fiscal había solicitado formalmente los expedientes de contratación suscritos tanto por el Ayuntamiento como por la sociedad municipal ProBurgos con Eventos El Espino SL entre los años 2023 y 2025. La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, confirmó recientemente el envío de toda la información requerida, subrayando la disposición del ejecutivo local para colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos.

En el trasfondo de la investigación se encontraba un informe del secretario municipal que reconocía la existencia de una incompatibilidad administrativa. Según la normativa vigente, Suárez, al poseer una participación superior al 10% en la empresa adjudicataria, se hallaba en una situación que impedía legalmente a la firma contratar con el Ayuntamiento de Burgos. El informe técnico señalaba que los contratos firmados bajo esta circunstancia debían ser considerados nulos de pleno derecho.

No obstante, la Fiscalía ha determinado que esta infracción administrativa no trasciende al ámbito penal. A pesar de que la declaración de bienes del concejal reflejó un incremento en su participación accionarial en la empresa —pasando del 22% en 2023 al 33% en 2025 sin que dicho cambio fuera registrado de manera inmediata—, el Ministerio Público sostiene que no se ha acreditado una actuación dolosa o una intervención directa del edil destinada a forzar las adjudicaciones en beneficio propio.

Con este archivo, se cierra la vía penal sobre una de las polémicas que ha marcado la gestión municipal en los últimos meses. La resolución recalca que el análisis pormenorizado de los expedientes no permite sostener la acusación de que los contratos fueran otorgados de forma arbitraria o mediante el uso de influencias indebidas por parte de la presidencia de la Diputación y del Partido Popular de Burgos.