La multinacional tecnológica Huawei ha procedido a una reorganización de su estructura de representación legal en España a través de ocho cambios registrados entre los meses de mayo y junio de 2026. Estos movimientos, inscritos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), coinciden temporalmente con el desarrollo de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre contratos vinculados al denominado «caso Zapatero», en el que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, figura como imputado desde el pasado 19 de mayo.
La reestructuración de la filial española incluye el cese y nombramiento de apoderados y consejeros, un trámite administrativo que extingue la capacidad de determinados perfiles para firmar documentos, comparecer ante notario o representar a la entidad en procedimientos administrativos y judiciales. Según los registros consultados, la última modificación se formalizó el 17 de junio de 2026 con el nombramiento de Fan Wang como nuevo apoderado, consolidando una tendencia de relevos que comenzó días antes de que trascendiera la imputación del expresidente.
La cronología de los cambios muestra una actividad administrativa intensa en fechas clave del proceso judicial. El 12 de mayo se registró el cese del consejero Xing Wan y el nombramiento de Zhaohui Liu, mientras que el 13 de mayo se revocaron y otorgaron poderes a Yang Xu. El pico de actividad se produjo el 21 de mayo, apenas 48 horas después de la imputación de Rodríguez Zapatero, cuando se formalizaron cuatro cambios simultáneos que afectaron a las figuras de apoderado solidario y mancomunado.
Expertos en derecho corporativo señalan que la renovación de apoderados en contextos de escrutinio judicial puede responder a una estrategia de mitigación de riesgos. Este procedimiento permite a las compañías desvincular la gestión operativa actual de aquellos representantes que ejercían funciones durante el periodo bajo investigación, facilitando una línea de defensa basada en la separación de responsabilidades entre la dirección pasada y la estructura que debe afrontar el proceso legal.
Por su parte, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) centra sus pesquisas en presuntos contratos de infraestructuras tecnológicas donde se investiga la posible intermediación del entorno del expresidente ante organismos públicos. La investigación busca determinar si existieron irregularidades en las adjudicaciones y cuál fue el papel exacto de los representantes de la mercantil en la consecución de dichos acuerdos comerciales en territorio nacional.
Ante estas informaciones, fuentes oficiales de Huawei han manifestado que las modificaciones publicadas en el Borme obedecen estrictamente a trámites societarios rutinarios. Según la compañía, la revocación y otorgamiento de poderes forma parte del curso ordinario de su actividad y responde a procesos habituales de rotación y renovación de la gestión corporativa, descartando cualquier vinculación directa entre estos movimientos y las investigaciones judiciales en curso.
