La Justicia investiga el presunto amaño en las oposiciones de la Seguridad Social en La Coruña
El Juzgado de Instrucción número 2 de La Coruña ha abierto diligencias previas para investigar las presuntas irregularidades ocurridas en las pruebas de acceso al cuerpo de administrativos de la Seguridad Social celebradas en 2025. La decisión judicial se produce tras la denuncia interpuesta por un grupo de opositores afectados, quienes critican la falta de avances en las pesquisas previas realizadas por la Fiscalía Provincial.
La Fiscalía de La Coruña, que mantenía abiertas diligencias de investigación preprocesal desde el pasado mes de enero a instancias del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha procedido al archivo de estas tras la judicialización del caso. Según un escrito del fiscal jefe con fecha de 2 de junio, las actuaciones han sido remitidas íntegramente al magistrado encargado de la instrucción para centralizar la investigación por la vía penal.
El origen del caso se remonta a la publicación de las calificaciones del proceso selectivo, en las que 33 aspirantes que realizaron el examen en la sede de La Coruña obtuvieron las mejores notas de todo el territorio nacional. Este fenómeno, calificado de anomalía estadística, cobró relevancia al detectarse que 12 de los aprobados con puntuaciones sobresalientes procedían del municipio de Celanova, en Orense, y mantenían vínculos comunes entre sí.
La denuncia de los opositores sostiene que el Ministerio, dirigido por Elma Saiz, permitió que el proceso selectivo continuara hasta la toma de posesión de las plazas, a pesar de la investigación en curso. Además de la vía penal, los afectados han iniciado dos procedimientos en la jurisdicción contencioso-administrativa, alegando que la adjudicación de plazas se ha visto alterada por los resultados bajo sospecha, perjudicando a quienes obtuvieron sus notas de forma legítima.
Las investigaciones apuntan a la existencia de una presunta trama organizada dedicada a la venta de plazas en organismos públicos. El «modus operandi» descrito en las diligencias incluiría el pago de cantidades que oscilan entre los 20.000 y los 60.000 euros a cambio de la filtración de las pruebas mediante dispositivos electrónicos ocultos, como pinganillos, y reuniones discretas en establecimientos hoteleros.
En el marco institucional, el caso coincide con la dimisión de la entonces subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cristina Asacia Navarro. Su renuncia se produjo el mismo día en que se firmó la resolución definitiva de los aprobados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque el Ministerio atribuyó su salida a motivos personales, el relevo en la cúpula del departamento se produjo en pleno cuestionamiento del proceso administrativo.
Ante la celebración de nuevas convocatorias este mismo fin de semana, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado un refuerzo en los protocolos de vigilancia. Entre las nuevas medidas se incluye el uso de tecnología especializada para la detección de dispositivos electrónicos y radiofrecuencia en las sedes de examen, con el objetivo de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.
