La Guardia Civil notificó el registro al Ayuntamiento de Soria bajo estricto protocolo legal antes de las detenciones

El Ayuntamiento de Soria se encuentra en el centro de una investigación judicial por presunta corrupción institucionalizada tras un registro de la Guardia Civil que se extendió durante más de 11 horas el pasado martes. La diligencia, que culminó con la detención de siete personas y la dimisión de la concejal de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos, fue anticipada formalmente al alcalde, Javier Antón (PSOE), el día previo, aunque sin detallar la naturaleza de los delitos investigados ni la previsión de arrestos.

Según fuentes municipales, la Benemérita realizó una aplicación rigurosa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para blindar la validez de las actuaciones. El lunes a mediodía, el regidor recibió una comunicación formal amparada en el artículo 564 de la citada ley, que regula el protocolo de notificación para la entrada en edificios públicos. No obstante, el equipo de gobierno local no conoció el alcance real de la operación hasta el martes por la mañana, cuando los agentes invocaron el artículo 547.1 para acceder a despachos específicos y dependencias oficiales.

La causa, que permanece bajo secreto de sumario, investiga una serie de ilícitos que incluyen prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El impacto político se materializó de inmediato con la renuncia de Yolanda Santos, tras ser detenida junto a su marido y otras cinco personas en una operación que contó con el apoyo técnico de la Unidad Central Operativa (UCO).

La investigación ha trascendido el ámbito municipal al alcanzar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Entre los arrestados se encuentra Marta Viu Cuerda, jefa de sección en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina. Las pesquisas apuntan a un nexo común entre las principales implicadas y la sociedad Biosfera Soria SL, empresa que habría percibido 366.878 euros en fondos públicos a través de 13 contratos y subvenciones, la mayoría de ellos adjudicados directamente por el consistorio soriano.

En el plano institucional, el alcalde Javier Antón compareció ante la Junta de Portavoces para aclarar la cronología de los hechos tras las críticas de la oposición. Grupos como el Partido Popular y Vox confirmaron que el Ayuntamiento tenía conocimiento de la diligencia desde las 13:00 horas del lunes. Por su parte, la defensa de la legalidad del proceso busca evitar cualquier posible anulación de la causa por defectos de forma, motivo por el cual la Guardia Civil mantuvo el celo en la comunicación de los pasos procesales.

Actualmente, los seis detenidos principales —cuatro arrestados en Soria y dos en Madrid— se encuentran en libertad con cargos tras prestar declaración. La investigación continúa analizando la documentación intervenida en el Ayuntamiento y la relación contractual entre la administración local y la red de empresas vinculadas al sector medioambiental que protagoniza el caso.