La UCO advierte una «decisiva arbitrariedad» en los contratos de Red.es adjudicados a Juan Carlos Barrabés
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado indicios de trato de favor y «decisiva arbitrariedad» en la adjudicación de contratos públicos por parte de la entidad Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés. El documento, elaborado a petición de la Fiscalía Europea, analiza la tramitación de expedientes bajo sospecha en el marco de la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado.
Según los investigadores de la Guardia Civil, el proceso de valoración de los licitadores no se realizó de manera uniforme conforme a los criterios técnicos preestablecidos. Los agentes sostienen que se produjo una «inversión del planteamiento» del proceso, alterando el orden lógico de las evaluaciones para adaptar los informes finales a puntuaciones fijadas de antemano.
El informe detalla que, en lugar de puntuar las ofertas tras un análisis técnico exhaustivo, se habrían marcado pautas o impuesto valoraciones concretas a las que posteriormente se ajustaba el contenido de los informes publicados. La UCO señala que se realizaron «adaptaciones adicionales para enmascarar» estas modificaciones, incluyendo revisiones a la baja en la puntuación de otros competidores para asegurar la ventaja de la oferta principal.
Uno de los puntos destacados por la fuerza actuante refiere a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por The Valley y Barrabés, la cual resultó la principal beneficiaria de esta política de funcionamiento descrita. El documento también menciona un antecedente de trato similar en un expediente previo donde participaba el grupo Barrabés junto a la consultora KPMG. En dicho caso, se habría obviado la supuesta ausencia de un documento exigido por el pliego para otorgar la máxima puntuación.
Estas conclusiones de la UCO se integran en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en relación con las actividades profesionales de Begoña Gómez. El magistrado Juan Carlos Peinado mantiene abierta una línea de investigación específica por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea, centrada en los contratos sufragados con fondos comunitarios.
La investigación judicial trata de determinar si las irregularidades detectadas en los informes de valoración de Red.es respondieron a una estructura deliberada para favorecer al empresario Barrabés en detrimento del resto de licitadores, contraviniendo los principios de igualdad y concurrencia en la contratación pública.
