El País Vasco y Cataluña concentran el 67,8% de las transferencias de competencias en la actual legislatura
Desde el inicio de la actual legislatura en 2023, el Gobierno de España ha formalizado un total de 28 acuerdos de traspaso de competencias a las comunidades autónomas. Según datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, obtenidos a través de una resolución de Transparencia, el 67,8% de estas transferencias han tenido como destino el País Vasco y Cataluña, regiones que suman 19 de los acuerdos suscritos hasta la fecha.
La distribución de estos acuerdos refleja una disparidad significativa entre los territorios. El País Vasco encabeza la lista de beneficiarios, seguido por Cataluña con siete acuerdos. En contraste, las 15 comunidades autónomas restantes han recibido una proporción menor de las funciones estatales: Navarra acumula tres acuerdos; Castilla-La Mancha y Castilla y León, dos cada una; mientras que Galicia y Andalucía han suscrito un único traspaso en este periodo.
En términos financieros, la ejecución presupuestaria para cubrir el coste efectivo de los servicios transferidos asciende a 102,3 millones de euros. De esta cifra, el País Vasco ha percibido 97,4 millones de euros, lo que representa el 95,2% del total nacional ejecutado. Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha captado 3,5 millones de euros en concepto de coste efectivo, a los que se añaden 6,1 millones adicionales por entregas únicas de capital.
Detalle de las funciones transferidas por autonomía
El paquete de competencias asumido por el Gobierno Vasco abarca sectores estratégicos como la gestión directa del transporte de viajeros por ferrocarril de Cercanías y el salvamento marítimo en aguas interiores. Asimismo, se han transferido funciones en el ámbito laboral, incluyendo autorizaciones iniciales de trabajo para extranjeros, el control de prestaciones familiares y la gestión de medios vinculados a la protección por desempleo.
En el caso de Cataluña, los siete acuerdos aprobados por el Ejecutivo central se han orientado principalmente al refuerzo de medios materiales y patrimoniales. Destacan las obras hidráulicas relacionadas con el Canal Xerta-Sénia y la gestión de bienes adscritos a las cuencas fluviales catalanas. Además, la administración catalana ha asumido la gestión de terrenos en el litoral y espacios forestales que anteriormente dependían del Estado.
La Comunidad Foral de Navarra se sitúa como la tercera autonomía en volumen de transferencias, centrando sus acuerdos en la gestión de carreteras y la ampliación de competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. En el plano económico, Navarra ha recibido 44.471 euros, cantidad que será deducida de su aportación anual al Estado conforme a su régimen foral.
Movilidad de personal y recursos humanos
El proceso de descentralización también ha conllevado el traslado de personal de la Administración General del Estado. El departamento dirigido por el ministro Ángel Víctor Torres ha tramitado la transferencia de 54 funcionarios: 36 de ellos han sido destinados a la administración autonómica de Galicia y 18 a la del País Vasco. El resto de las comunidades autónomas no ha recibido nuevos efectivos de personal estatal en los acuerdos cerrados durante este ejercicio legislativo.
Este balance administrativo se produce en un contexto donde el Ejecutivo central requiere de acuerdos parlamentarios con diversas formaciones autonómicas para garantizar la estabilidad institucional, lo que ha impulsado la agenda de transferencias pendientes y la ampliación de medios en áreas como sanidad, inspección de trabajo y gestión penitenciaria en los territorios mencionados.
