La Oficina de Conflictos de Intereses no registra autorizaciones de consultoría privada para la exsubdirectora de la SEPI

La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) no tiene constancia de que María Jesús Garrido Solís, exsubdirectora de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y vinculada a la gestión de los fondos de rescate durante la pandemia, solicitara autorización para compatibilizar su cargo público con actividades de asesoría privada. Según una resolución de Transparencia, los únicos expedientes registrados a nombre de la exdirectiva corresponden exclusivamente a actividades de carácter docente y académico.

La documentación remitida por el organismo oficial detalla un historial de 14 expedientes tramitados entre los años 2005 y 2024. La totalidad de estas autorizaciones se limitan a su ejercicio como profesora asociada en el Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid, así como colaboraciones puntuales en la Escuela de Organización Industrial (EOI). En este registro no figura ninguna solicitud relativa a las sociedades Allies & Altera o Mediaciones Martínez SL, sobre las cuales se centraba la petición de información.

La resolución de Transparencia responde a una consulta específica encaminada a verificar si Garrido Solís había cumplido con la normativa de incompatibilidades para el personal al servicio de las Administraciones Públicas. El historial administrativo refleja que, más allá de la actividad universitaria, solo constan una solicitud denegada por incompatibilidad horaria en 2006, una actividad exceptuada por tratarse de conferencias y dos expedientes archivados, uno de ellos tras su cese en la SEPI en el presente año.

Durante su etapa en el organismo público, Garrido Solís desempeñó funciones de alta responsabilidad, destacando su participación en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). Este instrumento financiero fue clave para el rescate de compañías afectadas por la crisis sanitaria, interviniendo en operaciones de apoyo a grupos empresariales como Hesperia, Volotea, Abengoa, Soho Hoteles y Vincci.

La ausencia de registros de compatibilidad para el sector privado cobra relevancia tras informaciones publicadas que señalaban la presunta utilización de sociedades externas para ofrecer servicios de consultoría relacionados con la búsqueda de financiación pública. Las sospechas sugerían que se habrían solicitado comisiones a empresas interesadas en acceder a los fondos gestionados por la SEPI a través de la firma Allies & Altera.

Desde la Oficina de Conflictos de Intereses se ha subrayado que las autorizaciones de compatibilidad concedidas mantienen su validez únicamente mientras persistan las circunstancias que motivaron su aprobación. Al no existir constancia de solicitudes para actividades de asesoría financiera o empresarial, cualquier actividad desarrollada en este ámbito por parte de la exdirectiva carecería del respaldo administrativo preceptivo exigido por la ley.