El Gobierno ratifica su plan para reformar la acusación popular ante la desconfianza ciudadana en la justicia
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reafirmado la voluntad del Gobierno de modificar la regulación de la acusación popular en el marco de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Esta medida, según ha detallado el titular de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, busca evitar lo que considera un uso «espurio y antidemocrático» de esta figura jurídica por parte de diversas organizaciones, tras los recientes datos que reflejan una creciente desconfianza de la ciudadanía en el funcionamiento del sistema judicial.
Bolaños ha vinculado la necesidad de este cambio legislativo a la interposición de querellas que, a su juicio, carecen de recorrido jurídico y se fundamentan en «bulos o recortes de prensa». El ministro ha señalado directamente a entidades de carácter ultraderechista, acusándolas de utilizar la acción popular para perseguir a ciudadanos por su ideología progresista o sus vínculos familiares con cargos públicos, una práctica que, según el Ejecutivo, afecta negativamente al prestigio y al buen nombre de la justicia española.
En relación con los procedimientos judiciales abiertos que afectan al entorno de la Presidencia del Gobierno, el ministro ha expresado su «confianza absoluta» en el sistema, aunque ha calificado de «incomprensibles» algunas resoluciones recientes. No obstante, ha insistido en que el tiempo clarificará la situación de estas investigaciones, las cuales ha enmarcado en una estrategia de «judicialización de la política» impulsada, según sus palabras, por el Partido Popular y Vox mediante la financiación de estas organizaciones.
Durante su comparecencia, el titular de Justicia ha comparado el proceder de distintos instructores judiciales. En concreto, ha criticado la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en el caso que afecta a Begoña Gómez, señalando que no se ofrecieron acciones judiciales al órgano presuntamente perjudicado, una omisión que ha contrastado con la «normalidad absoluta» del caso relativo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En este último caso, la Abogacía del Estado se ha personado en nombre de la Agencia Tributaria siguiendo los cauces legales habituales tras un ofrecimiento del juez instructor.
Respecto a la situación procesal de Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional por posibles delitos fiscales y de contrabando, el Gobierno ha defendido el papel de la Abogacía del Estado como representante de las Administraciones Públicas cuando estas puedan verse perjudicadas. Bolaños ha subrayado que la actuación de la institución se ajusta estrictamente a la ley y a la costumbre jurídica vigente en este tipo de procedimientos.
Finalmente, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha intervenido para recordar que todo ciudadano, incluido el expresidente Zapatero, tiene pleno derecho a la legítima defensa y que deben respetarse los tiempos procesales para que pueda ofrecer las explicaciones pertinentes sobre el origen de los bienes incautados. Con este posicionamiento, el Gobierno busca marcar una línea divisoria entre lo que considera procedimientos basados en indicios sólidos y aquellos derivados del uso que califica como abusivo de la acusación popular.
