El Tribunal Constitucional suspende cautelarmente la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España contra la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Islas Baleares. Esta decisión judicial conlleva la suspensión cautelar de la vigencia de la norma derogatoria, lo que supone restablecer temporalmente la ley de memoria autonómica mientras el Alto Tribunal resuelve sobre el fondo del asunto.
La suspensión se ha producido tras la invocación por parte del Ejecutivo central del artículo 161.2 de la Constitución Española, que faculta al Estado para impugnar disposiciones de las comunidades autónomas con efectos suspensivos automáticos. Según ha precisado el órgano jurisdiccional, esta medida tiene efectos retroactivos desde el pasado 9 de junio, fecha en la que se presentó formalmente el recurso ante el tribunal.
El recurso del Gobierno sostiene que la derogación de la normativa balear podría vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna al eliminar el estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En el escrito de impugnación, se argumenta que la supresión de la ley también podría incurrir en una invasión de competencias estatales y quebrantar el principio de colaboración entre el Estado y las administraciones autonómicas.
Asimismo, el Ejecutivo central alega que la norma aprobada en las islas podría contravenir los principios constitucionales de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Estas preocupaciones ya habían sido adelantadas el pasado mes de mayo por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cuando se anunció la intención de recurrir cualquier iniciativa que supusiera un retroceso en el reconocimiento de las víctimas.
La derogación ahora suspendida fue aprobada por el Parlamento de las Islas Baleares el pasado mes de marzo, contando con los votos a favor de los grupos parlamentarios de Vox y el Partido Popular. Con la admisión a trámite del recurso, la capacidad de efectos de dicha derogación queda paralizada hasta que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia definitiva o decida sobre el levantamiento de la suspensión en un plazo máximo de cinco meses.
Este pronunciamiento se enmarca en la serie de acciones legales que el Gobierno de España ha emprendido contra diversas normativas autonómicas relacionadas con la memoria democrática que, a su juicio, entran en conflicto con la legislación estatal y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
