La CNMC refuerza la vigilancia de la contratación pública mediante el uso de inteligencia artificial
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha consolidado la integración de herramientas de inteligencia artificial en sus mecanismos de supervisión para detectar posibles prácticas colusorias en las licitaciones públicas. A través del sistema BRAVA, basado en aprendizaje automático, y el reciente despliegue de la herramienta Atenea, el organismo busca identificar patrones de fraude, cárteles empresariales y anomalías en los precios de mercado que tradicionalmente resultan difíciles de rastrear mediante auditorías manuales.
El sistema BRAVA opera analizando grandes volúmenes de datos procedentes de las bases de contratación pública del Estado. Su función principal consiste en clasificar las ofertas como potencialmente fraudulentas o competitivas basándose en indicadores específicos: recurrencia de adjudicaciones a las mismas empresas, ofertas coordinadas entre licitadores que simulan competencia o variaciones mínimas en los importes presentados. Este enfoque permite transitar de un modelo de vigilancia reactivo, basado en denuncias o revisiones posteriores, hacia una metodología preventiva capaz de emitir alertas antes de que se formalicen los contratos.
A pesar de la capacidad técnica de estos sistemas, el organismo regulador insiste en que la tecnología actúa como un soporte de apoyo y no sustituye la potestad de los órganos de control. La decisión final sobre si una señal constituye una infracción o requiere la apertura de un expediente sancionador sigue recayendo en los funcionarios, interventores y jueces. La supervisión humana se establece como un filtro indispensable para corregir posibles sesgos algorítmicos o descartar coincidencias estadísticas que carezcan de fundamento jurídico.
Desde el sector especializado se advierte sobre los riesgos de utilizar herramientas de inteligencia artificial generalistas en el ámbito administrativo. Gloria Martínez Rubert, responsable global de marketing en Tendios, subraya que el manejo de expedientes y datos sensibles exige sistemas diseñados específicamente para el entorno normativo público. Según la experta, es imperativo que estas herramientas garanticen la trazabilidad y se ajusten estrictamente a la normativa de protección de datos, evitando el uso de modelos que no aseguren la confidencialidad de la información procesada.
El despliegue de estas tecnologías en España se enmarca en un contexto de adaptación legislativa tras la aprobación el pasado mes de mayo del proyecto de ley para implementar el Reglamento Europeo de IA. Esta normativa impone principios de transparencia algorítmica y establece un inventario de sistemas utilizados en procedimientos administrativos. De acuerdo con el informe de 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), España se integra en el reducido 8% de los países analizados que ya emplean inteligencia artificial para fortalecer la integridad pública.
La tendencia hacia la digitalización de la Administración también se refleja en otras instituciones, como la Generalitat Valenciana, que ha comenzado a utilizar IA para asistir al personal gestor en la redacción de procedimientos en lenguaje claro. Si bien este último caso no está orientado a la detección de corrupción, coincide en el modelo de gestión: la máquina genera propuestas que el empleado público puede aceptar, modificar o descartar, manteniendo en todo momento la responsabilidad última del acto administrativo en la figura del funcionario.
