La Plataforma de Afectados por la Okupación se une al frente cívico contra el bloqueo de leyes en el Congreso
La Plataforma de Afectados por la Okupación, que representa a cerca de cien mil ciudadanos, se ha integrado formalmente en el Frente Cívico por la Calidad Democrática. Esta coalición de asociaciones civiles denuncia la parálisis sistemática de diversas iniciativas legislativas en la Mesa del Congreso de los Diputados, señalando una gestión procedimental que, a su juicio, impide el debate parlamentario de asuntos fundamentales para la ciudadanía.
Con esta nueva incorporación, el frente cívico alcanza una representatividad que supera el millón de afectados. El grupo está compuesto por organizaciones de diversa índole, como la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), el colectivo de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), la Alianza por la Vuelta al IVA Reducido en Imagen Personal y la Asociación en Defensa de las Playas Norte de Dénia. El objetivo de la alianza es coordinar acciones ante lo que consideran un uso desproporcionado de las prórrogas de enmiendas por parte de la mayoría que conforman PSOE y Sumar en el órgano de gobierno de la Cámara.
Según los datos facilitados por el colectivo, la Mesa del Congreso acumula un total histórico de 438 prórrogas en las proposiciones de ley actualmente detenidas. Las entidades denuncian que estos aplazamientos semanales se han convertido en un mecanismo de bloqueo que, en muchos casos, proyecta la parálisis de los expedientes hasta septiembre de 2026. Esta situación, afirman, evita el avance de los trámites parlamentarios y el posterior debate de los textos en el Pleno del Congreso.
La coalición fundamenta sus reclamaciones en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En concreto, aluden a resoluciones del alto tribunal que señalan el uso de mecanismos reglamentarios para dilatar la tramitación de leyes ante la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno. Los colectivos sostienen que esta situación podría vulnerar el derecho a la representación política efectiva consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución Española, exigiendo el cumplimiento de la doctrina constitucional que prohíbe la parálisis inmotivada de las normas.
Entre las iniciativas afectadas por este estancamiento destaca la proposición de ley para la aplicación del IVA reducido al sector de peluquerías y centros de estética, que suma 97 prórrogas y casi tres años de espera en la Mesa. Del mismo modo, la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la restitución de inmuebles a sus propietarios, remitida desde el Senado, acumula 91 prórrogas tras 30 meses de inactividad administrativa. Otros textos paralizados incluyen la reforma de la Ley de Costas, con 86 aplazamientos, y la exención fiscal de las ayudas a las víctimas de la talidomida, que registra 79 prórrogas sucesivas.
De cara al próximo periodo de sesiones, el Frente Cívico por la Calidad Democrática ha anunciado que intensificará su exigencia institucional para reactivar estos expedientes. Los representantes de la coalición instan a la Mesa de la Cámara a aplicar de forma inmediata la doctrina del Tribunal Constitucional tras el receso estival, con el fin de que la función legislativa de las Cortes Generales responda a las necesidades de los colectivos damnificados y se garantice el derecho de participación ciudadana a través de sus representantes.
