La justicia suspende la ejecución de la pena de prisión de Diego ‘El Cigala’ bajo condición de no delinquir

El Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha acordado la suspensión del ingreso en prisión de Ramón J.S., conocido artísticamente como Diego ‘El Cigala’, quien había sido condenado a una pena total de dos años y un mes de cárcel por delitos de malos tratos hacia su exmujer. La medida queda supeditada a que el artista no vuelva a delinquir en un periodo de dos años y al cumplimiento riguroso de las órdenes de alejamiento impuestas.

La resolución judicial se produce tras la sentencia que declaró al investigado autor de varios delitos de maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer. La magistrada impuso inicialmente seis meses de prisión por una agresión ocurrida en un hotel de Jerez, así como otros ocho meses por un episodio similar sucedido en un hotel de Palafrugell (Girona). En ambos casos, se estableció la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima a menos de 200 metros durante dos años.

Asimismo, el fallo contempla una tercera pena de once meses de prisión por un delito de malos tratos agravado. Esta tipificación responde a una agresión cometida en el domicilio familiar de Jerez, donde la jueza consideró probado que los hechos ocurrieron en presencia de los hijos de la pareja, lo que motivó el agravante. Por este concepto, se reiteró la medida de alejamiento por un periodo adicional de dos años.

Junto a las penas privativas de libertad, la sentencia incluyó una condena por un delito leve y continuado de vejaciones en el ámbito doméstico. Por este cargo, se fijaron 25 días de localización permanente en un domicilio alejado del de la víctima y una prohibición de aproximación de seis meses. No obstante, el tribunal absolvió al acusado de un delito de maltrato agravado que se le imputaba en relación con unos hechos que habrían tenido lugar en el aeropuerto de Punta Cana en agosto de 2017.

Con esta decisión de suspensión de la ejecución, el Juzgado aplica el beneficio legal condicionado a la ausencia de nuevos antecedentes penales durante el plazo establecido y al respeto absoluto de las medidas cautelares y de protección hacia la mujer. El caso, juzgado en noviembre de 2024, cierra así una etapa procesal marcada por las condenas en firme por episodios de violencia en el entorno familiar.