El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mislata ha citado a declarar en calidad de investigada a Isabel García, exdirectora del Instituto de las Mujeres, por la presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en la contratación pública. Junto a ella, también ha sido llamada a comparecer su pareja, Elisabeth García, en el marco de una investigación que rastrea la adjudicación de decenas de contratos vinculados a la gestión de los denominados «puntos violeta» en diversos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.
El núcleo de las pesquisas judiciales se centra en la actividad de las mercantiles Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e Imber Consultoría de Igualdad, empresas vinculadas a ambas investigadas. Según consta en el procedimiento, estas sociedades habrían obtenido al menos 64 contratos menores, principalmente de administraciones locales gobernadas por el PSOE y Compromís. Parte de estas adjudicaciones coincidieron cronológicamente con el mandato de García al frente del organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, cargo que desempeñó desde diciembre de 2023 hasta su destitución en julio de 2024.
La controversia derivada de estas contrataciones, que supusieron una facturación estimada de 250.000 euros, motivó su relevo por parte de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien nombró en su lugar a la socióloga Cristina Hernández. La causa judicial tuvo su origen el pasado 10 de septiembre a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que cuestionaba la legalidad de los procedimientos de adjudicación directa utilizados por los consistorios para contratar los servicios de consultoría de las empresas investigadas.
A pesar de que la defensa de la ex alto cargo ha solicitado el archivo de las actuaciones bajo el argumento de que la denuncia se fundamenta en sospechas genéricas, la Audiencia Provincial ha avalado la instrucción del juzgado. En consecuencia, se mantienen activas las diligencias para analizar las cuentas bancarias de las sociedades Elig e Imber, así como los requerimientos de documentación remitidos a los ayuntamientos implicados para verificar el cumplimiento de la normativa de contratación pública.
Isabel García posee una dilatada trayectoria política vinculada al ámbito de las políticas de igualdad en la Comunidad Valenciana. Entre 2019 y 2022, ejerció como asesora en el Ministerio de Transportes bajo la etapa de José Luis Ábalos, tras haber ocupado puestos de responsabilidad en la Diputación de Valencia. Su perfil como experta en feminismo le valió diversos reconocimientos institucionales antes de su llegada al Gobierno de España.
La investigación judicial deberá determinar ahora si la obtención de estos contratos para la gestión de puntos violeta —espacios de atención y prevención de violencia sexual en eventos públicos— respondió a criterios técnicos y de legalidad o si, por el contrario, existieron irregularidades derivadas de su posición política y sus vínculos con las administraciones adjudicadoras.
