Olympe Abogados denuncia a Federico Jiménez Losantos ante la Fiscalía por presunto delito de odio
El despacho Olympe Abogados ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio contra el periodista Federico Jiménez Losantos, el diario El Mundo y su director, a raíz de una columna de opinión publicada recientemente. El bufete, conocido por su vinculación con el entorno de Unidas Podemos, sostiene que el contenido del artículo, titulado «Orgullo pedófilo comunista y putañero socialista», podría ser constitutivo de una infracción penal al atacar a colectivos protegidos y utilizar un lenguaje que consideran discriminatorio.
En el texto objeto de la denuncia, Jiménez Losantos emplea la sátira para criticar lo que define como el «secuestro» de la festividad del Orgullo por parte de fuerzas políticas de izquierda. El autor cuestiona la denominada «doctrina queer», afirmando que esta niega el sexo biológico y promueve cambios físicos irreversibles. Asimismo, la columna arremete contra el PSOE y formaciones como Podemos y Sumar, vinculando sus políticas y a algunos de sus integrantes con delitos sexuales y la prostitución, concluyendo con una irónica felicitación por el «orgullo» de estas conductas.
La parte denunciante, Olympe Abogados, es una firma con sede en Valencia que se define bajo principios feministas y LGTBIQ+. El despacho ha justificado su acción legal ante lo que califican como «inexplicable inacción» de los organismos gubernamentales competentes. No es la primera vez que este bufete interviene en causas de alto perfil político; en 2023 representaron a Pilar Lima, entonces secretaria general de Podemos en la Comunidad Valenciana, en una denuncia similar contra un programa de televisión, y han sido reconocidos previamente por el Ministerio de Igualdad por su activismo jurídico.
Este procedimiento se enmarca en un contexto de creciente debate jurídico y político sobre el alcance de los delitos de odio en España. La normativa vigente, ampliada en 2022 bajo el actual Ejecutivo, busca castigar discursos que fomenten la discriminación contra grupos vulnerables. Sin embargo, sectores críticos y juristas advierten que una interpretación extensiva de estos preceptos podría generar un efecto disuasorio en el debate público y condicionar la libertad de expresión, especialmente en el ámbito de la crítica política y la sátira.
La denuncia contra Jiménez Losantos se suma a otros casos recientes que han reabierto la controversia sobre los límites del discurso. Entre ellos se encuentran la investigación a la periodista Pilar Rahola por sus declaraciones sobre el conflicto en Oriente Próximo, el proceso contra la concejal de Vox Cecilia Herrero por mensajes sobre inmigración, o las acciones legales contra creadores de contenido digital. Estos ejemplos son citados frecuentemente por quienes consideran que la norma está siendo utilizada para judicializar opiniones discrepantes.
El caso quedará previsiblemente bajo la supervisión de la fiscal Susana Gisbert, especialista en la materia. Según datos recientes aportados por la propia fiscalía, los procedimientos por delitos de odio que llegan a juicio presentan una tasa de condena cercana al 90%, lo que subraya la relevancia de la admisión a trámite de este tipo de denuncias en el sistema judicial español.
