Junts anuncia su voto en contra del decreto de financiación de RTVE y compromete su convalidación
El grupo parlamentario Junts per Catalunya ha manifestado este martes su rechazo al Real Decreto-ley diseñado para asegurar la prestación del servicio público de RTVE, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de la corporación estatal. El diputado Josep María Cruset ha confirmado durante la sesión plenaria que el Gobierno no contará con los siete votos de su formación, una decisión que, en la aritmética parlamentaria actual, impediría la convalidación de la norma en el Congreso de los Diputados.
La normativa en cuestión, defendida ante la cámara por el ministro de Hacienda, Arcadi España, establece un mecanismo para que RTVE sea compensada por el Estado por aquellos impuestos que no resulten deducibles, especialmente el IVA, al ser considerados como parte del coste del servicio público audiovisual. El Ejecutivo busca con esta medida blindar el patrimonio de la institución frente a posibles resoluciones judiciales que obliguen a devolver importes tributarios de ejercicios previos.
El ministro España ha sostenido que la norma no otorga «ningún privilegio ni mecanismo excepcional de financiación», sino que se trata de una medida de «neutralidad económica». Según el titular de Hacienda, el decreto tiene como objetivo preservar el equilibrio financiero de una institución que ha calificado de estratégica para el sistema democrático, garantizando que el ente público no sufra mermas patrimoniales por la gestión de impuestos vinculados a su actividad ordinaria.
Sin embargo, desde Junts han criticado la falta de negociación previa y el enfoque de la medida. Josep María Cruset ha señalado que el Gobierno ha redactado el decreto «pensando que tienen una mayoría absoluta que en realidad no tienen» y ha acusado al gabinete de Pedro Sánchez de legislar «dando la espalda a Cataluña». El diputado ha subrayado que el problema de la deducibilidad del IVA no es exclusivo de RTVE, sino que afecta de igual manera a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).
En este sentido, Cruset ha condicionado cualquier apoyo futuro a la inclusión de soluciones que también beneficien a TV3 y Catalunya Ràdio. Para la formación independentista, el actual sobrecoste que asume RTVE es idéntico al que soportan los medios públicos catalanes, por lo que han reclamado una respuesta integral que no discrimine a las corporaciones autonómicas en el tratamiento de sus obligaciones tributarias vinculadas al servicio público.
El Real Decreto-ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio con la intención de dotar de seguridad jurídica a la financiación de la radio y televisión pública estatal. Tras el anuncio de Junts, el Ejecutivo se enfrenta a una nueva dificultad parlamentaria para sacar adelante una de sus iniciativas legislativas en una legislatura marcada por la fragmentación del Congreso.
