El Tribunal Supremo solicita al Congreso el suplicatorio para investigar al diputado Félix Alonso
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ha elevado formalmente un suplicatorio al Congreso de los Diputados con el objetivo de suspender la inmunidad parlamentaria del diputado de Sumar, Félix Alonso Cantorné. La solicitud se produce en el marco de una investigación por presunta prevaricación administrativa relacionada con la adjudicación de contratos públicos durante su mandato como alcalde de Altafulla (Tarragona).
Según el auto emitido por el magistrado, existen indicios suficientes de que, bajo la gestión de Alonso, el Ayuntamiento de Altafulla recurrió de forma sistemática a la figura del contrato menor para eludir los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia que exige la normativa de contratación del sector público. El juez apunta a una «absoluta falta de procedimiento» y al uso indebido de prórrogas con el fin de favorecer a empresas con supuestas vinculaciones políticas.
La decisión de solicitar el suplicatorio ha contado con el respaldo de la Fiscalía, mientras que la defensa del parlamentario se opuso a la medida. El juez Magro considera que, tras las diligencias practicadas hasta la fecha —incluyendo la declaración voluntaria del diputado el pasado mes de junio—, resulta «imprescindible» obtener la autorización de la Cámara Baja para poder continuar con el procedimiento judicial conforme a lo previsto en la Constitución Española para los miembros de las Cortes Generales.
Por su parte, Félix Alonso ha defendido la legalidad de las actuaciones administrativas realizadas durante su etapa al frente del consistorio tarraconense. En su comparecencia ante el Supremo, el diputado argumentó que el incremento poblacional de Altafulla obligó a la corporación municipal a contratar servicios externos especializados ante la carencia de personal técnico propio. Según su defensa, las contrataciones de profesionales y despachos externos respondieron estrictamente a criterios de necesidad técnica y especialización, rechazando cualquier motivación de naturaleza partidista.
La causa penal tuvo su origen en una exposición razonada enviada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Vendrell, que ya había iniciado diligencias previas sobre estos hechos. Ahora, el trámite queda en manos de la Mesa del Congreso y la Comisión del Estatuto de los Diputados, que deberán procesar la petición del Tribunal Supremo para que el pleno de la Cámara decida finalmente sobre la suspensión de la inmunidad del representante de Sumar.
