El Tribunal Supremo prohíbe las devoluciones en frontera de inmigrantes que acceden a nado a Ceuta y Melilla
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictaminado el cese de las devoluciones inmediatas, conocidas como «rechazos en frontera», para los inmigrantes que acceden de forma irregular a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a nado. El Alto Tribunal establece que esta modalidad de entrada no permite la aplicación del régimen especial de extranjería previsto para las vallas, al no existir un elemento de contención físico que sea superado por los migrantes durante su trayecto por el mar.
La resolución judicial da la razón a un ciudadano de nacionalidad argelina que fue interceptado por la Guardia Civil en noviembre de 2024 y entregado de forma inmediata a las autoridades marroquíes. El tribunal ratifica así el criterio de instancias previas, señalando que la entrega sin procedimiento administrativo previo vulnera el derecho a la asistencia letrada y a la protección internacional. No obstante, el Supremo deja abierta la posibilidad de retomar estas devoluciones si en el futuro se instalasen barreras o elementos de contención en el espacio marítimo fronterizo.
Tras la notificación de la sentencia, la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta ha procedido a suspender las entregas directas a la gendarmería marroquí. En el nuevo escenario operativo, los inmigrantes interceptados en el mar o al llegar a las playas son trasladados a dependencias policiales para su identificación y, posteriormente, a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde se inicia el expediente administrativo correspondiente para determinar su situación legal en España.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han manifestado su preocupación por el impacto de esta doctrina en la gestión migratoria. Según datos del Ministerio del Interior, las entradas irregulares por vía terrestre en Ceuta —categoría que incluye a quienes acceden a nado por los espigones— han experimentado un incremento del 164% entre enero y junio de 2025, sumando 2.582 personas. Durante el pasado año, la Delegación del Gobierno contabilizó más de 10.000 rescates en el mar, con picos de hasta 700 intentos semanales durante el periodo estival.
Desde las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, como la AUGC, se ha solicitado al Ministerio del Interior la elaboración urgente de protocolos de actuación claros. Los agentes advierten de la falta de seguridad jurídica y del riesgo físico que asumen en los rescates, acentuado por una infraestructura que consideran insuficiente frente a la presión migratoria constante. Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha alertado sobre un inminente «colapso burocrático» en las Brigadas de Extranjería y Fronteras debido al aumento de los trámites ordinarios exigidos por la nueva jurisprudencia.
El Ministerio del Interior ha evitado por el momento realizar una valoración profunda del fallo judicial, limitándose a confirmar que sus servicios jurídicos se encuentran estudiando el contenido de la sentencia. Fuentes expertas en materia de extranjería señalan que el Ejecutivo podría haber abordado esta casuística en la reciente reforma de la Ley de Extranjería de marzo de 2025, centrada en el reparto de menores extranjeros no acompañados, pero optó por no modificar la redacción relativa a las devoluciones en frontera para evitar el debate político sobre las expulsiones exprés.
El escenario actual obliga a la Administración a reforzar los medios humanos y materiales en las ciudades autónomas para absorber la carga administrativa que conlleva la tramitación de cada expediente individualizado. Mientras tanto, las organizaciones policiales mantienen su reclamación de planes de choque urgentes y el envío de refuerzos permanentes ante la previsión de que el efecto llamada y el cambio de doctrina judicial saturen las capacidades de acogida y control fronterizo en el norte de África.
