El juez Zamarriego prorroga seis meses la instrucción de la causa contra Leire Díez
El magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, ha acordado la prórroga de la fase de instrucción por un periodo de seis meses en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez. La decisión, adoptada mediante un auto judicial, establece que el nuevo plazo comenzará a computarse a partir del próximo 24 de julio de 2026, con el fin de completar las diligencias necesarias sobre las presuntas maniobras contra mandos de la Guardia Civil y miembros de la judicatura.
En la resolución, el juez de Plaza de Castilla supedita la decisión de derivar la causa a la Audiencia Nacional a la recepción de un informe pericial fundamental. Dicho análisis será realizado por la Brigada Provincial de Policía Científica y es calificado por el instructor como un elemento «necesario para el esclarecimiento de los hechos». Una vez que el juzgado reciba y evalúe el resultado de esta prueba técnica, se procederá a resolver sobre el requerimiento de inhibición planteado.
Este requerimiento de inhibición fue promovido por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien lidera una investigación sobre una supuesta trama orientada a desestabilizar procesos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. Según las diligencias previas, esta estructura habría estado presuntamente coordinada por Leire Díez y vinculada a la esfera de la organización política, con el objetivo de interferir en causas abiertas.
La investigación que desarrolla el magistrado Zamarriego se centra específicamente en las acciones que la investigada habría llevado a cabo contra integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como contra fiscales y magistrados. El procedimiento busca determinar si estas conductas constituyen delitos de obstrucción a la justicia o represalias contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Con esta ampliación del calendario judicial, el juzgado garantiza el tiempo necesario para procesar las evidencias tecnológicas y científicas que permitan delimitar las responsabilidades penales. La resolución del conflicto de competencias entre los juzgados ordinarios de Madrid y la Audiencia Nacional marcará el futuro curso de un caso que mantiene su relevancia en el ámbito institucional y jurídico del país.
