El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un fallo que avala la compatibilidad de la ley de amnistía con el ordenamiento jurídico comunitario, al considerar que la norma no vulnera los intereses financieros de la Unión ni la normativa vigente en materia de terrorismo. Esta resolución judicial despeja parte del horizonte procesal para el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sitúa ahora la responsabilidad de su aplicación inmediata en el ámbito de la alta magistratura española, concretamente en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
La sentencia europea establece que los tribunales nacionales deben limitarse a comprobar si los hechos juzgados son incardinables en los supuestos previstos por la ley de amnistía, sin necesidad de realizar interpretaciones extensivas sobre el ánimo de enriquecimiento en los delitos de malversación que no impliquen un desplazamiento patrimonial directo. Según la defensa de Puigdemont, encabezada por el letrado Gonzalo Boye, este pronunciamiento obliga al Tribunal Supremo a revisar su negativa inicial a aplicar la medida de gracia, fundamentada anteriormente en una supuesta afectación a los fondos europeos.
En el plano estratégico, el equipo jurídico del expresidente catalán ha trasladado el foco de atención hacia el Tribunal Constitucional. Tras la reciente declaración de constitucionalidad de la ley por parte de este órgano, la defensa considera que la estimación de los recursos de amparo debería ser el siguiente paso lógico. Boye sostiene que el retraso en estas resoluciones responde a una gestión de los tiempos políticos por parte del Ejecutivo central, argumentando que el regreso de Puigdemont podría suponer un factor de inestabilidad para la actual legislatura y los intereses del Partido Socialista.
La resolución del TJUE también tiene implicaciones directas sobre la situación de movilidad de los encausados. La defensa sostiene que, al no existir una orden europea de detención en vigor y tras el aval de Luxemburgo a la norma, el mantenimiento de una orden nacional de arresto colisiona con el derecho a la libre circulación dentro del espacio de la Unión Europea. Esta interpretación jurídica busca forzar el levantamiento de las medidas cautelares que aún pesan sobre los líderes independentistas en el extranjero.
Por otro lado, la vertiente política del caso se ha intensificado tras las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien sugirió que Puigdemont ya debería haber regresado a España tras el fallo europeo. Estas afirmaciones han sido recibidas con críticas por parte del entorno de Junts, que acusa al Gobierno de «banalizar» el proceso judicial y de confundir la persecución de la corrupción con lo que denominan «lawfare» o guerra judicial. La defensa subraya que el retraso en la plena aplicación de la amnistía afecta a la seguridad jurídica de los ciudadanos y a la normalización institucional prevista en la ley.
En este escenario, la decisión final queda supeditada a cómo el Tribunal Supremo integre la doctrina del TJUE en sus causas pendientes. Mientras tanto, el sector independentista mantiene la presión para que el reconocimiento de la amnistía se produzca con la máxima celeridad, permitiendo el retorno de los cargos públicos que permanecen fuera de España desde hace más de ocho años, en un contexto de creciente tensión entre los tiempos de la justicia y los del calendario político nacional.
