El Tribunal Supremo amnistía a los exmiembros de la Mesa del Parlament condenados por desobediencia
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado la aplicación de la Ley de Amnistía a Lluís María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, quienes formaron parte de la Mesa del Parlament de Cataluña en el año 2017. A través de este auto, el Alto Tribunal declara extinguida la responsabilidad penal de los cuatro exparlamentarios, quienes habían sido condenados por un delito de desobediencia.
Los magistrados han determinado que los actos cometidos por los exmiembros de la Mesa quedan amparados por el marco legal vigente, toda vez que el Tribunal Constitucional avaló recientemente la constitucionalidad de la norma. Los cuatro encausados contaban con una condena previa impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consistente en cuatro meses de inhabilitación por permitir la tramitación de las resoluciones parlamentarias relacionadas con el proceso de independencia, contraviniendo las prohibiciones del Tribunal Constitucional.
Este pronunciamiento constituye la tercera decisión de similar naturaleza adoptada por el Tribunal Supremo en el transcurso de una semana. La resolución se produce tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la ley y el posterior respaldo del Tribunal Constitucional a la legalidad del articulado que el propio Supremo había cuestionado anteriormente.
Con la aplicación de esta medida, se consolida una línea jurídica que ya ha beneficiado a otros cargos institucionales y ciudadanos vinculados a las causas del proceso independentista. Recientemente, el Alto Tribunal también aplicó la amnistía al expresident del Parlament, Roger Torrent, a tres exmiembros de la Mesa de la legislatura de 2019, a la exconsellera Meritxell Serret y a ocho manifestantes condenados por los altercados ocurridos tras la sentencia del procés.
La decisión judicial implica la cancelación de los antecedentes penales derivados de estos hechos y el archivo definitivo de las ejecutorias de condena, en estricto cumplimiento de los preceptos establecidos en la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
