Ábalos desestimó una estrategia de colaboración con la Justicia antes de su condena de 24 años

El exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, rechazó las recomendaciones de al menos dos equipos legales que le aconsejaron cooperar con la Justicia antes de ser condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión. La estrategia propuesta, que buscaba una reducción de la pena mediante la aportación de detalles sobre la adjudicación de mascarillas y el papel de otros implicados, fue descartada por el exdirigente bajo la convicción de que el Partido Socialista le brindaría respaldo político y jurídico.

Según fuentes jurídicas consultadas por el entorno de su defensa, los letrados que Ábalos desestimó contratar le sugirieron declarar con transparencia sobre el proceso de contratación, el cobro de comisiones y la participación de figuras clave como Víctor de Aldama. Este último, a diferencia del exministro, optó por una vía de colaboración que finalmente le ha permitido eludir la entrada en prisión, un contraste que marca el desenlace del proceso judicial en el Tribunal Supremo.

La influencia del entorno del PSOE en la defensa

Los testimonios recabados indican que Ábalos mantuvo en todo momento la percepción de que sus actuaciones se enmarcaron en el beneficio de su formación política. Esta lealtad orgánica habría sido determinante para rechazar una estrategia que pudiera comprometer a otros niveles de la administración o del partido. Profesionales del derecho que mantuvieron reuniones con él sostienen que el exministro no era consciente del riesgo penal real al que se enfrentaba, confiando en que su condición de «hombre de partido» evitaría un desenlace condenatorio de tal magnitud.

En este contexto, han trascendido sospechas sobre posibles ofertas por parte de emisarios del PSOE para asegurar el silencio del exministro. Andrea de la Torre, expareja de Ábalos, ha señalado que durante una reunión en febrero de 2024, el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, habría ofrecido diversas contraprestaciones a cambio de que Ábalos abandonara su acta de diputado y mantuviera una línea de defensa no agresiva con las siglas socialistas. Entre estos supuestos favores se incluían el coste de la defensa jurídica y futuras colocaciones profesionales.

Inestabilidad en el equipo legal y el error del aforamiento

La trayectoria de la defensa de Ábalos ha estado marcada por la inestabilidad, pasando por tres abogados distintos. Tras romper con José Aníbal Álvarez por «diferencias irreconciliables» y finalizar su relación profesional con Carlos Bautista —especialista en pactos con la Fiscalía— por impagos, el exministro terminó el proceso bajo la representación de Marino Turiel. Este último ha reconocido públicamente que mantener el acta de diputado, y por tanto el aforamiento ante el Supremo, fue un error estratégico que impidió que el caso se juzgara en la Audiencia Nacional en igualdad de condiciones con el resto de los procesados.

El actual abogado del exministro sostiene que la instrucción en el Tribunal Supremo careció de la imparcialidad necesaria, señalando que el magistrado instructor mostró prejuicios derivados de la condición de diputado del acusado. Pese a la dureza de la sentencia, la defensa de Ábalos ya ha anunciado que agotará las vías de recurso ante el Tribunal Constitucional y, de ser necesario, ante las instancias europeas, mientras el entorno del exministro sigue denunciando una supuesta vulneración de la presunción de inocencia.

Con Ábalos en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, el foco se desplaza ahora hacia los procedimientos pendientes en la Audiencia Nacional. Los abogados que en su día recomendaron la colaboración insisten en que esta vía sigue siendo la única opción para mitigar las posibles consecuencias penales en las piezas que aún permanecen bajo investigación y que afectan a la gestión de la compra de material sanitario durante la pandemia.