El SEPRONA en Cataluña opera con menos de la mitad de su plantilla tras la redistribución de competencias
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Cataluña atraviesa una situación operativa crítica, con más del 50% de sus plazas vacantes tras el proceso de transferencia de competencias en materia medioambiental a la Generalitat. Según datos internos del cuerpo, la unidad cuenta actualmente con 45 efectivos en activo frente a 48 vacantes distribuidas en las cuatro provincias catalanas, una circunstancia que asociaciones profesionales vinculan directamente con la política de gestión de plantillas del Ministerio del Interior.
El déficit de personal afecta de manera desigual pero significativa a todo el territorio: Barcelona registra 16 vacantes; Lérida, 14; Tarragona, 10; y Gerona, 8. Esta falta de efectivos ha provocado que destacamentos en localidades como Puigcerdà, Ponts, La Pobla de Segur y Falset carezcan totalmente de personal operativo. Desde la asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) denuncian que la no publicación de vacantes responde a una estrategia de desmantelamiento progresivo de la especialidad en la comunidad autónoma.
Esta coyuntura se enmarca en el acuerdo alcanzado en la Junta de Seguridad de 2024 entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Dicho pacto establece que la titularidad de las investigaciones por delitos medioambientales corresponde de forma prioritaria a los Mossos d’Esquadra y al cuerpo de Agentes Rurales. Bajo este nuevo marco normativo, la Guardia Civil tiene la obligación de informar al cuerpo autonómico de cualquier actuación en este ámbito para que este asuma el liderazgo de la investigación o se integre en los equipos de coordinación.
La transferencia de estas funciones ha generado una respuesta judicial por parte de las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil, como Jucil y la Unión de Oficiales. Los recurrentes sostienen ante los tribunales que esta «asignación en exclusiva» a los cuerpos autonómicos contraviene la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Según argumentan, el artículo 144 del Estatuto define las competencias medioambientales como compartidas, por lo que su modificación requeriría una reforma legal de rango orgánico y no un acuerdo administrativo.
A la situación del SEPRONA se suma la reciente supresión del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en L’Estartit (Gerona), una unidad que operaba desde hace tres décadas en la Costa Brava. La Dirección General de la Guardia Civil ha justificado la medida por «razones operativas y de optimización de recursos humanos», centralizando el servicio de rescate acuático en la base de Barcelona. Esta decisión ha generado malestar en el sector, dado que la zona de Gerona registra más de 70.000 inmersiones recreativas anuales y cuenta con puntos de alta actividad como las Islas Medas.
Ante la dificultad para cubrir los puestos de trabajo en la región, el Ministerio del Interior ha implementado recientemente el denominado «derecho preferente modelable». Esta medida busca incentivar la permanencia de los agentes en Cataluña mediante un sistema de puntuación que premia con mejores destinos a quienes completen entre tres y seis años de servicio en la comunidad. El objetivo de la administración es frenar el déficit de personal y garantizar la operatividad de las unidades estatales en el territorio catalán bajo el actual modelo de seguridad.
