Vox propone activar el artículo 102 de la Constitución para investigar al Ejecutivo por la crisis migratoria

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado su intención de promover la activación del artículo 102 de la Constitución Española para que el Tribunal Supremo investigue al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de los miembros del Consejo de Ministros. La formación fundamenta esta petición en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, al considerar que existen indicios de presuntos delitos de traición y contra la seguridad del Estado.

A través de declaraciones en sus canales oficiales, el líder de Vox ha calificado la situación en la ciudad autónoma como una «invasión» y ha responsabilizado directamente al jefe del Ejecutivo de un deterioro en la seguridad y el bienestar social. Según Abascal, el Gobierno habría tenido conocimiento previo de los flujos migratorios masivos, lo que, a su juicio, constituye un abandono de las funciones de protección de la soberanía nacional y del Estado de derecho.

Requisitos parlamentarios y apoyo necesario

La puesta en marcha del procedimiento previsto en el artículo 102 de la Carta Magna requiere de un rigor formal específico en el Congreso de los Diputados. Para iniciar el debate sobre la acusación por traición o cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de las funciones gubernamentales, se necesita la firma de una cuarta parte de los miembros de la Cámara, lo que equivale a 88 diputados.

Dado que Vox cuenta actualmente con 33 escaños, la iniciativa parlamentaria depende necesariamente del respaldo del Partido Popular para alcanzar el umbral de presentación. Asimismo, para que la acusación sea aprobada y trasladada al Tribunal Supremo, la Constitución exige el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Argumentario de la formación

Abascal ha vinculado la gestión migratoria con una supuesta degradación de las instituciones y las infraestructuras del país. En sus mensajes, el líder de la tercera fuerza política de la Cámara ha empleado términos como «terror sexual» y «saqueo de negocios» para describir el escenario en Ceuta, sosteniendo que la política gubernamental está derivando en un escenario de desabastecimiento y caos en la región fronteriza.

Esta ofensiva jurídica y parlamentaria se suma a las críticas de otros sectores de la oposición. Por su parte, el Partido Popular ha acusado recientemente al Gobierno de mantener una postura de «sumisión» ante Marruecos, aunque no se ha pronunciado formalmente sobre si apoyará la vía constitucional de la traición propuesta por Vox.

El artículo 102 establece que la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuera por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.