La organización Abogados Cristianos ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato público destinado a las labores de exhumación e identificación en el Valle de los Caídos. La acción legal se dirige contra los integrantes de la Junta de Contratación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, así como contra los directivos de las empresas implicadas, por posibles delitos de prevaricación y fraude.
El contrato objeto de la controversia cuenta con un presupuesto superior a los 345.000 euros y tiene como finalidad la realización de análisis genéticos y la identificación de restos humanos procedentes de las criptas del Valle. Según la documentación presentada por la entidad, la adjudicación recayó en la empresa CITOGEN SL, a pesar de que el proceso se regía, según consta, bajo el criterio exclusivo del precio y existía una oferta competidora más económica.
La denuncia sostiene que el Ministerio descartó una propuesta que suponía un ahorro de casi 10.000 euros para las arcas públicas sin ofrecer una justificación técnica detallada que avalara dicha decisión. Este hecho, unido a la situación financiera de la adjudicataria, constituye el núcleo de las sospechas de la organización demandante.
Abogados Cristianos ha subrayado que, en el momento de la firma del contrato, la empresa seleccionada atravesaba una coyuntura económica delicada, marcada por pérdidas, problemas de liquidez y antecedentes concursales. Asimismo, la entidad advierte de que, apenas 35 días después de la formalización del acuerdo, el 100% de la propiedad de la empresa fue transferido a una sociedad del sector financiero, un movimiento que no habría sido debidamente justificado en el expediente público.
Para la Fundación, esta sucesión de acontecimientos genera dudas razonables sobre la transparencia del proceso y sobre si la Administración tenía conocimiento previo del inminente cambio de control en la mercantil adjudicataria. Ante estos indicios, han solicitado a la Fiscalía que se recabe el expediente administrativo completo y se tome declaración a los responsables de la contratación y a los representantes legales de las sociedades involucradas.
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha manifestado que los hechos podrían apuntar a un caso de corrupción en la gestión de fondos públicos. «No es normal que se adjudique un contrato a una empresa más cara, con problemas económicos, y que a las pocas semanas cambie de dueño sin explicaciones», ha señalado la jurista, instando a una investigación en profundidad para esclarecer la gestión de los contratos relacionados con la Memoria Democrática.
