La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA) ha solicitado formalmente a la Delegación del Gobierno en Madrid la intervención inmediata para garantizar la accesibilidad y seguridad en la Puerta del Sol. La organización denuncia que la acampada instalada en la plaza desde finales de septiembre, motivada por la crisis de la vivienda, está generando graves obstáculos para la movilidad de las personas con discapacidad, dificultando el tránsito de usuarios de sillas de ruedas y ciudadanos con movilidad reducida.
En su comunicación oficial, FAMMA subraya la necesidad de compatibilizar el derecho fundamental de reunión y manifestación con el derecho a la libre circulación y la autonomía personal en el espacio público. El presidente de la federación, Alejandro Picazo, ha instado a las autoridades a establecer de manera urgente corredores accesibles y seguros. Asimismo, ha pedido que los dispositivos de seguridad y organización en la zona dispongan de información clara sobre itinerarios alternativos para asegurar que ninguna persona vea impedida su movilidad debido a la ocupación del entorno.
A esta reclamación se suman las advertencias técnicas de Metro de Madrid, que ha alertado sobre riesgos significativos para la seguridad de los usuarios. Según los informes del suburbano, la disposición de tiendas y materiales sobre pozos de ventilación y accesos estratégicos podría comprometer los protocolos de evacuación en situaciones de emergencia. El operador ferroviario estima un impacto económico que supera los 186.000 euros, derivado del descenso de pasajeros y la necesidad de cierres temporales de la estación de Sol ante las aglomeraciones registradas.
Desde el punto de vista administrativo, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento han reiterado sus exigencias a la Delegación del Gobierno para que proceda al desalojo de la zona. El Gobierno regional califica el asentamiento de «ilegal» y advierte sobre el deterioro de la salubridad y posibles daños al patrimonio histórico, mencionando monumentos como el Oso y el Madroño o la estatua de Carlos III. Las administraciones locales denuncian una imagen de desorden que afecta negativamente al comercio y al turismo en el centro de la capital.
En el ámbito judicial, la disputa se mantiene activa tras la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que rechazó las medidas cautelarísimas solicitadas por el Ejecutivo autonómico para levantar el campamento. El tribunal consideró que, en la fase actual del procedimiento, no se aprecia una inactividad administrativa que justifique una intervención judicial de urgencia. No obstante, el Ejecutivo regional ha anunciado su intención de agotar todas las vías procesales disponibles para restaurar el orden público y la plena funcionalidad de la plaza.
Por su parte, FAMMA insiste en que su posicionamiento es estrictamente institucional y no cuestiona el contenido de las reivindicaciones de los manifestantes. La federación mantendrá un seguimiento estrecho de la situación, confiando en que la Delegación del Gobierno adopte las medidas de ordenación necesarias para que el ejercicio de la protesta no vulnere los derechos de accesibilidad universal de la ciudadanía.
