La Dirección General de la Policía destituye al comisario del Senado tras un informe que revela graves riesgos psicosociales
La Dirección General de la Policía ha procedido al cese fulminante del comisario jefe de la Comisaría Especial del Senado, Julián Leandro Puente, tras la finalización de una auditoría interna sobre riesgos psicosociales. El informe, elaborado por el Área de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, concluye que una parte significativa de la plantilla bajo su mando presentaba cuadros clínicos de ansiedad, agotamiento emocional y estrés laboral crónico, vinculados directamente con el estilo de gestión y liderazgo del mando policial.
Los datos extraídos del documento oficial, que se fundamentan en entrevistas realizadas al 85% de los agentes destinados en la Cámara Alta, revelan una situación crítica en el clima laboral. Según el informe, el 39% de la plantilla presentaba un nivel de riesgo «alto o muy alto» de ansiedad, mientras que el 52% manifestaba padecer agotamiento emocional. Asimismo, el estudio técnico detectó que siete de cada diez policías sentían tensión constante y desánimo en sus funciones, y un 12% padecía ya un cuadro de estrés laboral crónico.
La investigación interna se activó a raíz de las denuncias interpuestas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policías (UFP) entre los años 2025 y 2026. Ambas organizaciones alertaron sobre una situación de presunto acoso laboral y malestar generalizado que habría motivado que una quincena de agentes solicitaran el traslado a otros destinos, a pesar de ser la del Senado una de las plazas tradicionalmente más demandadas dentro del Cuerpo. El informe recoge testimonios que apuntan a una atmósfera de «miedo» y falta de apoyo por parte del responsable.
Entre las deficiencias organizativas señaladas por los agentes y validadas por los técnicos de Riesgos Laborales, destacan la «ambigüedad en las instrucciones», la emisión de órdenes «contradictorias y cambiantes» y una «mala distribución de turnos» que generaba sobrecargas de trabajo desiguales. No obstante, el informe subraya que el 82% de los funcionarios se declaraban satisfechos con su labor específica y mostraban un alto compromiso con la institución policial, ubicando la problemática exclusivamente en la figura del responsable de la unidad.
Desde el entorno del comisario Puente se ha rechazado el contenido del informe, calificándolo de «prefabricado» y alegando que su destitución responde a motivos políticos. Según esta versión, el Ministerio del Interior habría buscado su salida tras un incidente mediático ocurrido en las dependencias del Senado entre un activista y una colaboradora televisiva. Sostienen que la reactivación de la investigación interna por acoso se produjo apenas una semana después de dicho suceso, lo que interpretan como una «coartada» para su cese.
Por el contrario, las organizaciones sindicales defienden la pulcritud del proceso administrativo. El SUP ha manifestado que la evaluación psicosocial fue solicitada formalmente mucho antes de cualquier controversia pública y que el proceso de entrevistas se extendió durante dos meses con el conocimiento del comisario. Fuentes sindicales subrayan que el cese está avalado por los resultados técnicos de salud laboral y por antecedentes previos del mando en otros destinos, como la Comisaría de Leganés o las Unidades de Intervención Policial (UIP).
La trayectoria profesional de Julián Leandro Puente ya había estado marcada por la controversia en etapas anteriores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó en su día una sentencia firme que establecía un nexo de causalidad entre el ambiente laboral generado por el mando en las UIP y el trastorno ansioso severo que derivó en la jubilación de un agente. Asimismo, en su etapa en Leganés, los sindicatos ya habían solicitado evaluaciones similares por presuntas prácticas de hostigamiento disciplinario.
Tras la notificación de su destitución el pasado viernes, el comisario ha anunciado el inicio de una batalla legal contra el Ministerio del Interior. Está previsto que esta semana se interponga un recurso ante la justicia ordinaria solicitando medidas cautelarísimas de reingreso en su puesto. La defensa del mando considera que la decisión administrativa es irregular y que se ha vulnerado su derecho a la legítima defensa al no permitírsele presentar alegaciones al informe psicosocial que ha fundamentado su salida del Senado.
