El Congreso rechaza el decreto sobre vivienda en un escenario de fragmentación parlamentaria y presión judicial

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado el último decreto ley del Gobierno destinado a prorrogar los contratos de alquiler y establecer límites a los precios de arrendamiento. Esta derrota legislativa se produce en un contexto de creciente debilidad de los apoyos parlamentarios del Ejecutivo, evidenciada por el distanciamiento de socios habituales como el PNV, y coincide con nuevas revelaciones judiciales que afectan directamente a la gestión de la anterior cúpula del Ministerio de Transportes.

La caída del decreto de vivienda supone un revés para la agenda social del Gabinete, aunque se mantiene vigente una prórroga extraordinaria de los contratos por otras vías legales. Este bloqueo parlamentario se suma a la pérdida de sintonía con el grupo nacionalista vasco, lo que complica la estabilidad de la legislatura y la aprobación de futuras iniciativas de calado. La fragmentación del bloque de investidura se ha visto agravada por las tensiones entre las distintas fuerzas que sostienen al Gobierno, en un entorno de alta volatilidad política.

En el plano judicial, la situación del exministro José Luis Ábalos se ha visto comprometida tras los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según las investigaciones, se habrían detectado indicios de uso del cargo ministerial para gestiones económicas privadas relacionadas con inmuebles en el extranjero. Paralelamente, Víctor de Aldama, figura clave en las investigaciones de la denominada «trama Koldo», ha manifestado su disposición a revelar información sobre la financiación de la formación mayoritaria del Gobierno y los detalles de la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España.

Desde el ámbito de la defensa, el entorno legal de Ábalos ha cuestionado la validez de las auditorías internas realizadas por el actual Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, calificándolas de instrumentos dirigidos a proteger la estructura del partido y focalizar la responsabilidad exclusivamente en el anterior titular de la cartera. Estas acusaciones de «fabricación» de pruebas añaden una capa de complejidad al proceso administrativo y judicial en curso.

En materia socioeconómica, los datos de empleo presentan una dualidad significativa. Mientras España mantiene un crecimiento del PIB superior a la media europea, el mercado laboral ha registrado una pérdida de 170.300 ocupados y un incremento de 231.500 parados. El sector tecnológico, tradicionalmente motor de innovación, ha experimentado una destrucción de puestos de trabajo récord. Asimismo, la cifra de inmigrantes en situación de desempleo ha ascendido a 731.900 personas, coincidiendo con el inicio de los procesos de regularización impulsados por el Ejecutivo.

Por último, en la esfera autonómica catalana, el procedimiento judicial contra la familia Pujol continúa su curso en la Audiencia Nacional. Jordi Pujol Ferrusola ha defendido el origen de su fortuna oculta atribuyéndola a su capacidad en los negocios, mientras que su entorno familiar directo ha negado su participación activa en la gestión de dichas cuentas. En el terreno político, la confrontación entre ERC y Junts se ha intensificado en sede parlamentaria, marcando el debate sobre la hegemonía del bloque independentista en la región.