La Unión Europea alcanza un acuerdo para modernizar la regulación de los fondos de pensiones de empleo
Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea han pactado este viernes su posición negociadora para la revisión de la directiva sobre fondos de pensiones de empleo. Esta actualización normativa tiene como objetivo principal fortalecer los planes privados que las empresas ofrecen a sus trabajadores para complementar la jubilación, fomentando la competitividad y la integración de los mercados de capitales del bloque comunitario.
La propuesta, que modifica el marco legislativo conocido como IORP II, deberá ahora ser sometida a negociación con el Parlamento Europeo una vez que la Eurocámara defina sus propias líneas de actuación. La Comisión Europea impulsó estos cambios tras detectar que diversos regímenes actuales carecen de la dimensión suficiente para diversificar inversiones y ofrecer rentabilidades óptimas a los ahorradores, lo que limitaba su eficacia como herramienta de previsión social.
Entre las modificaciones técnicas más destacadas en el texto del Consejo, los Estados miembros han acordado elevar al 100% el umbral de inversión en acciones y bonos corporativos en mercados regulados, superando significativamente el 70% propuesto inicialmente por el Ejecutivo comunitario. Con esta medida, se pretende favorecer la inversión directa en la economía real, aunque se preserva la facultad de las autoridades nacionales para imponer límites más restrictivos si lo consideran necesario por motivos de prudencia.
En cuanto a la gobernanza y supervisión, el acuerdo permite a los gobiernos aplicar la directiva directamente a los fondos, a las entidades gestoras o a ambas figuras, siempre que se mantenga una estricta separación jurídica de los activos. Asimismo, el Consejo ha optado por eliminar ciertas disposiciones de la propuesta original relativas a los sistemas de seguimiento de pensiones y los diálogos de supervisión obligatorios, con el fin de reducir la carga administrativa sobre las entidades operadoras.
Makis Keravnos, ministro de Finanzas de Chipre —país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo—, ha señalado que el incremento de la participación privada en los mercados de capitales es un factor determinante para la competitividad de la Unión Europea. Según el representante chipriota, este avance legislativo facilita la colaboración y el intercambio de información entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros.
Esta reforma se integra en una estrategia más amplia del bloque para profundizar en la denominada Unión de Ahorros e Inversiones (SIU). Junto con el reciente acuerdo sobre los planes paneuropeos de pensiones de empleo (PEPP), esta normativa constituye uno de los pilares fundamentales con los que Bruselas busca canalizar el ahorro privado hacia inversiones productivas, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad de los sistemas de previsión ante el envejecimiento demográfico.
Finalmente, el texto ratificado mantiene el «principio de prudencia», asegurando que todas las inversiones se realicen bajo niveles de riesgo adecuados. También se conservan las normas propuestas por la Comisión Europea sobre fondos con múltiples promotores y el marco para las transferencias colectivas, tanto nacionales como transfronterizas, para asegurar la protección de los derechos de los beneficiarios en todo el territorio de la Unión.
