La estabilidad del Gobierno de Edi Rama en Albania atraviesa uno de sus momentos más críticos tras encadenar 127 jornadas consecutivas de movilizaciones sociales en Tirana. Miles de ciudadanos se concentran diariamente frente a la residencia oficial del primer ministro para denunciar lo que califican como un sistema institucional afectado por la corrupción estructural y exigir la dimisión de altos cargos del Ejecutivo balcánico.
El foco de las protestas se ha centrado recientemente en Belinda Balluku, ex vice primera ministra y responsable de infraestructuras, quien se encuentra bajo investigación judicial. Se le atribuyen presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras públicas, incluyendo carreteras y túneles, por un valor estimado de 190 millones de euros. Las pesquisas incluyen cargos por cohecho, blanqueo de capitales y la presunta aceptación de dádivas de lujo a cambio de favores contractuales.
La crisis institucional se extiende a diversos niveles del Estado. En los últimos meses, la Justicia albanesa ha procesado o encarcelado a un expresidente de la República, un ex primer ministro, dos ex vice primeros ministros y al actual alcalde de Tirana. A esto se suma el arresto domiciliario de la exjefa de Inteligencia, Vlora Hyseni, acusada de filtrar información clasificada a un prófugo de la justicia en el marco de una de las causas por corrupción que instruye el país.
En el ámbito jurisdiccional, la Estructura Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) —órgano equivalente a la Audiencia Nacional en España— ha intensificado su actividad contra las redes de narcotráfico y el blanqueo de capitales. Según los informes que manejan los manifestantes y sectores críticos, el desarrollo urbanístico acelerado de la capital, caracterizado por la construcción de rascacielos conocidos localmente como «las torres de la cocaína», respondería a una estrategia de legitimación de capitales procedentes del cártel de los Balcanes.
En el plano internacional, Edi Rama mantiene una estrecha alianza con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Ambos mandatarios han hecho pública su sintonía personal y política en múltiples ocasiones, sumando al menos siete encuentros oficiales en los últimos seis años. Rama ha defendido públicamente la integridad de su homólogo español, mientras que el Ejecutivo de Madrid ha elogiado la «voluntad reformista» de Albania en su proceso de acercamiento a los estándares de la Unión Europea.
El descontento social ha cristalizado en la denominada «revolución de los flamencos». Este movimiento surge como respuesta a un megaproyecto turístico de 1.400 millones de dólares en la isla de Sazan, una reserva natural protegida. El proyecto, vinculado a inversores estadounidenses como Jared Kushner e Ivanka Trump, ha generado un intenso debate sobre la soberanía territorial y el impacto medioambiental en el Mediterráneo. Aunque el Gobierno defiende que la inversión cumple con los requisitos de sostenibilidad de la UE, la oposición denuncia una entrega de recursos públicos a intereses extranjeros.
A pesar de la presión en las calles y la supervisión de organismos como el FBI en investigaciones sobre el crimen organizado, el primer ministro Rama mantiene su agenda exterior y su objetivo de ingresar en la Unión Europea para el año 2030. Con una oposición liderada por el veterano Sali Berisha y la próxima cita electoral programada para 2029, la resolución de las causas judiciales y el alineamiento con el marco legal comunitario determinarán la viabilidad del actual Ejecutivo albanés.
