Venezuela propone reforma a la Ley contra el Odio en el marco de liberaciones de actores políticos

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó formalmente ante la Asamblea Nacional una reforma urgente a la denominada «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia». La iniciativa busca, según la funcionaria, corregir «desviaciones» en la aplicación del instrumento legal y promover espacios de reencuentro nacional, en un contexto marcado por la anulación de procesos judiciales contra periodistas y figuras de la oposición.

La propuesta de reforma ocurre de manera simultánea a la extinción de causas penales de alto perfil. Entre los beneficiados destaca la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, quien recibió libertad plena tras meses de detención por presuntos delitos de terrorismo. Asimismo, el sistema judicial ha levantado restricciones a coordinadores regionales del partido Vente Venezuela y ha sobreseído causas contra diversos comunicadores sociales que enfrentaban juicios bajo libertad condicional.

Rodríguez reconoció en su intervención que la normativa, aprobada originalmente en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido objeto de usos abusivos. Desde su implementación, la ley ha sido criticada por organizaciones internacionales y sectores civiles debido a la imposición de penas de hasta 20 años de prisión por expresiones en redes sociales o manifestaciones públicas, superando en severidad a delitos como el homicidio.

Analistas y expertos en materia política, como el politólogo Benigno Alarcón, mantienen una postura cautelosa ante estos movimientos. Alarcón señala que, si bien la libertad plena de figuras como San Miguel representa un cambio respecto a las excarcelaciones condicionadas habituales, no necesariamente implica el desmantelamiento del sistema represivo o una recuperación de la independencia judicial. Según esta perspectiva, el Gobierno podría estar buscando generar credibilidad internacional sin alterar la estructura fundamental del control estatal.

En el ámbito internacional, una reciente misión de investigación de las Naciones Unidas advirtió que las instituciones responsables de la gestión de la disidencia permanecen intactas. El informe subraya que, a pesar de las aperturas selectivas en expedientes emblemáticos, las capacidades operativas para la criminalización de la política no han sido reformadas de manera profunda.

Por su parte, la organización no gubernamental Foro Penal reporta que aún permanecen 324 ciudadanos considerados presos políticos en los centros de detención del país. Paralelamente, la sociedad civil y gremios de maestros y jubilados han reactivado focos de protesta por la precariedad de los servicios públicos y la falta de un cronograma electoral definitivo para los comicios presidenciales pendientes.

La solicitud de reforma ahora queda en manos de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, donde se espera el debate sobre la modificación de los artículos que han permitido la discrecionalidad judicial en los últimos seis años. Activistas de derechos civiles exigen que el proceso no se limite a una reforma parcial, sino que derive en la derogación de instrumentos que, a su juicio, limitan el ejercicio de las libertades fundamentales en el país.