Alcaldes del PP en Baleares solicitan la suspensión de la regularización extraordinaria de inmigrantes
Los alcaldes del Partido Popular (PP) en las Islas Baleares han reclamado formalmente este viernes la suspensión del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno de España. Los ediles denuncian que la medida ha provocado un colapso en los servicios municipales de atención ciudadana y servicios sociales durante sus primeras jornadas de aplicación, ante lo que califican como una falta de previsión y coordinación por parte de la administración central.
Jaume Llompart, alcalde de Marratxí, ha actuado como portavoz de los representantes municipales para señalar que, aunque la medida es de competencia estatal, la carga administrativa está recayendo sobre los ayuntamientos. Según Llompart, el proceso ha generado «una avalancha de personas» en las oficinas locales para solicitar el certificado de vulnerabilidad, un requisito técnico indispensable para acceder a la regularización, lo que ha puesto en riesgo la atención ordinaria a los vecinos.
El impacto en la gestión diaria se ha traducido en largas esperas y una saturación de las líneas telefónicas, que en algunos municipios llegaron a triplicar su volumen habitual de llamadas en un solo día. Los alcaldes han criticado la ausencia de protocolos claros y de información previa por parte del Ministerio responsable, lo que derivó en desplazamientos erróneos de solicitantes entre distintas localidades y una confusión generalizada sobre el procedimiento de emisión de los documentos requeridos.
Ante la imposibilidad de tramitar todas las solicitudes en tiempo real, numerosos consistorios se han visto obligados a limitar su actividad al registro de peticiones, aplazando la entrega de certificados y acumulando citas para las próximas semanas. Los responsables municipales advierten que esta situación compromete la capacidad de respuesta de los servicios sociales para atender otras necesidades urgentes de la población residente en el archipiélago.
La reclamación de los alcaldes se enmarca en un contexto de creciente presión demográfica en las Islas Baleares. Los datos aportados por los ediles indican que en el último lustro han llegado a la comunidad cerca de 20.000 personas en situación irregular, con un repunte del 20% en lo que va de año respecto al ejercicio anterior. Esta tendencia, sostienen, hace que el modelo actual sea «insostenible» para las infraestructuras de los pueblos y ciudades de las islas.
Para finalizar, los alcaldes del Partido Popular han defendido la necesidad de un modelo migratorio basado en el orden y la legalidad. Han instado al Ejecutivo central a reforzar los mecanismos ordinarios de Extranjería en lugar de recurrir a procesos extraordinarios masivos que, a su juicio, se han implementado con una «absoluta falta de planificación» y sin dotar a las administraciones locales de los recursos necesarios para absorber la demanda administrativa generada.
